Monopoliza CIRES-MDreieck las alertas sísmicas en México
Ciudad de México.- Desde 1989 –cuatro años después de los sismos del 85–, las autoridades federales designaron a la asociación civil CIRES (Centro de Instrumentación y Registro Sísmico) como desarrollador y operador del Sistema de Alerta Sísmica que inicialmente se pensó para advertir a la Ciudad de México y luego al resto de estados que comparten la amenaza de enfrentar temblores fuertes, como Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Según una publicación difundida por Animal Político en octubre de 2017, antes de la llegada de la Cuatroté, desde entonces CIRES recibe un subsidio permanente por parte de las autoridades mexicanas, principalmente los gobiernos estatales, para la operación del Sistema de Alerta Sísmica.
Paradójicamente, además de pagar la operación del sistema, las autoridades han establecido con el consorcio CIRES-MDreieck distintos contratos por “renta” de la señal de alerta, así como por la adquisición de equipos de alertamiento para inmuebles oficiales por lo que, en los hechos, las autoridades pagan dos veces la operación del Sistema.
A eso, además, deben sumarse distintos pagos gubernamentales al consorcio CIRES-MDreieck, especialmente a partir de 2010, destinados a la modernización del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano.
Cabe destacar que, aun siendo un órgano privado, el consorcio CIRES-MDreieck no sólo ostenta el control total del Sistema, sino que también decide de forma libre qué se requiere para su modernización, y el gobierno mexicano sólo pone el dinero.
En una primera entrevista realizada en agosto de 2016, el director del CIRES, Juan Manuel Espinosa, negó que el consorcio que encabeza incurra en prácticas monopólicas e incluso negó que existiera ningún tipo de relación entre CIRES, que oficialmente es una asociación civil “sin fines de lucro”, y la empresa MDreieck.
No obstante, en una segunda entrevista (realizada el 13 de septiembre de 2017), el mismo Juan Manuel Espinosa reconoció que CIRES creó la firma MDreieck SA de CV, para eludir las barreras legales que impiden a las asociaciones civiles realizar actividades empresariales.
En 2010, el gobierno de la Ciudad de México “pidió radio-receptores (de alerta sísmica), y se le logró abastecer a través de la empresa MDreieck”. Los equipos de alertamiento entregados eran de la marca Sarmex.
“Nosotros somos asociación civil –señaló Espinosa– y no podíamos ser comercializadores de los radio-receptores, entonces, se nombró a un grupo de gente, exinvestigadores de CIRES, y ellos, a través de esta empresa (MDreieck), lograron la exclusiva” para comercializar la marca Sarmex en México.
En ese año, el gobierno capitalino, encabezado entonces por Marcelo Ebrard, entregó 126 millones de pesos a CIRES para que formulara un proyecto de modernización del Sistema de Alerta Sísmica, y el proyecto que CIRES entregó era sencillo: comprar 50 mil equipos de alertamiento marca Sarmex, y distribuirlos masivamente en la Ciudad de México.
El 7 de abril de 2016, el gobierno de la Ciudad de México emitió la “Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-SAS- 2016”, con la que se designó al consorcio empresarial CIRES-MDreieck como único órgano autorizado para “certificar” cualquier sistema de alertamiento sísmico instalado en la capital del país.
En teoría, cualquier fabricante de alertas sísmicas podría obtener dicha certificación, si cumple con todos los requisitos técnicos impuestos por la autoridad. Sin embargo, tal como señala el consorcio CIRES-MDreieck en sus páginas de internet, los únicos equipos a los que han otorgado esta certificación son, precisamente, los que ellos mismos venden de la marca Sarmex.
De hecho, los equipos de alertamiento que comercializa CIRES-MDreieck son los únicos que cumplen a cabalidad con los requisitos impuestos por el gobierno capitalino, por una razón: para determinar dichos requisitos, las autoridades utilizaron un radio Sarmex como modelo ideal.
Finalmente, en marzo de 2017, esta norma técnica fue nuevamente actualizada, ahora para establecer que el único sistema autorizado para advertir sobre la aproximación de ondas sísmicas en la capital del país es el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, que fue creado con recursos públicos, pero luego entregado al consorcio CIRES-MDreieck para su operación, mediante un convenio sin fecha de vencimiento.
Con esta medida, otras empresas que también buscaban desarrollar tecnologías de alerta sísmica quedaron eliminadas del mercado y el consorcio CIRES-MDreieck quedó libre de competencia.
Siguiendo ese plan, el gobierno de Ebrard le compró los 50 mil equipos al único distribuidor autorizado, la empresa MDreieck. Es decir: este consorcio se presenta como asociación civil para imponerle adquisiciones al gobierno, y luego se presenta como empresa proveedora, para que el gobierno le compre los insumos.
Este mismo modelo fue usado en los años siguientes para venderle 33 mil equipos más al gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón.
Sólo con estas dos operaciones, realizadas entre julio de 2010 y julio de 2011, el consorcio CIRES-MDreieck logró ventas por 255 millones de pesos, provenientes del presupuesto público.
De hecho, con este mecanismo de triangulación, el consorcio CIRES-MDreieck ha acaparado 100% de la inversión pública destinada a la creación, operación, ampliación y modernización del Sistema de Alerta Sísmica, desde 1989 y hasta la fecha, recursos que, sumados, superan los 34 millones de dólares.
Entre 2010 y 2011, efectivamente, CIRES-MDreieck le vendió los primeros 88 mil equipos al gobierno mexicano a un costo promedio de mil 140 pesos, es decir, dentro del rango de los 80 dólares. Sin embargo, antes de que acabara el año 2011, el consorcio CIRES-MDreieck determinó que dicha tecnología ya no sería de “bajo costo” e impuso a sus radios Sarmex un sobreprecio de 2,700%. Así, estos aparatos, que en 2010 se vendían en menos de mil 200 pesos, pocos meses después elevaron su costo hasta 34 mil pesos por unidad.
Las ganancias son para CIRES-MDreieck, consorcio que, además, quedó exento del pago de impuestos de importación, tal como quedó establecido en los acuerdos firmados con las autoridades mexicanas, de los cuales Animal Político posee copia.
Supuestamente, el consorcio quedó libre del pago de dichos impuestos, para que los radios Sarmex mantuvieran su bajo costo, lo cual resultó falso.
Sin embargo, precisó, luego de recibir la autorización oficial de venta de estos equipos, el consorcio determinó que se justificaba elevar su costo comercial en 2,700%, porque “el radio tiene una posibilidad de alertamiento mucho mayor que sólo sobre temblores: puede advertir que va a llover, o que no se debe salir al patio escolar por la contaminación. Eso es lo que agrega MDreieck”.
En la actualidad, el consorcio CIRES-MDreieck asegura que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano da cobertura a la población de una entidad federativa completa, la Ciudad de México, y a los habitantes de cinco urbes estatales: la ciudad de Puebla, la ciudad de Oaxaca, Morelia, Chilpancingo y Acapulco.
Dicha cobertura, sin embargo, es intermitente. En las ciudades de Oaxaca y Morelia, por ejemplo, el servicio ha sido interrumpido en distintas ocasiones por “falta de pago”. De hecho, este criterio empresarial dejó a la población de Morelia sin advertencia previa, ante los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre.
Esa es la empresa de la que dependen los equipos de alerta sísmica colocados en unidades habitacionales de Acapulco.
El 13 de octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia amparó a una empresa privada que busca prestar el servicio de alerta sísmica temprana al público en general en la Ciudad de México, rompiendo el monopolio de la asociación civil que ha controlado este sistema desde el siglo pasado.
La Segunda Sala de la Corte confirmó por unanimidad el amparo otorgado en enero de 2020 a la empresa SkyAlert de México, para que no le sean aplicados los artículos 76, 80 y 83 del Reglamento de la Ley Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, expedido en 2019 por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
En dicho Reglamento, Sheinbaum reiteró que la asociación civil Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), creada a raíz de los sismos de 1985, es la única que puede operar el Sistema de Alerta Sísmica de la CDMX (SASMEX), desarrollado a partir de 1991 y dependiente del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, órgano descentralizado del gobierno local.