Promoverán destitución de 38 servidores por negar información
Marcial Campuzano
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales promoverá la destitución de 38 sujetos obligados, entre presidentes municipales y funcionarios estatales y municipales, por negarse de manera reincidente a proporcionar información a particulares y a instalar Unidades de Transparencia, independientemente de que serán emplazados a pagar una multa de diez mil 956 pesos.
El presidente del ITAIG, Roberto Nava Castro, señaló que ese organismo tiene como tutela garantizar la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información pública consagrados en la Constitución Política, por lo que los servidores públicos están obligados a proporcionar información a los particulares sobre las actividades que realizan y de la aplicación de los presupuestos que tienen asignados.
La idea es que, con la información proporcionada, los ciudadanos se conviertan en una contraloría social porque no están impedidos para solicitarle a la autoridad la rendición de cuentas y si ésta se niega será sujeta de las medidas de apremio que establece la Ley de Transparencia, como puede ser la aplicación de sanciones administrativas y económicas.
Recalcó que en Guerrero persiste la resistencia de sujetos obligados para garantizar el derecho de acceso a la información pública y añadió que una evaluación reciente dejó al descubierto que 38 sujetos obligados entre Ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos y fideicomisos ponen resistencia en el cumplimiento de información solicitada por ciudadanos.
Citó que el artículo 197 de la Ley de Transparencia establece que aquel servidor público que incumplió o fue omiso en el cumplimiento de la obligación de transparencia debe ser sujeto de una multa por un monto de diez mil 956 pesos y dependiendo de la omisión o si hay reincidencia la sanción será de hasta 110 mil pesos que deben pagar de sus recursos propios, no de los presupuestos que tienen asignados.
El año pasado el ITAIG aplicó multas a 37 servidores públicos estatales y municipales por incumplir con la obligación de proporcionar información pública a particulares.
Señaló que los partidos políticos, algunos sindicatos y la Universidad Autónoma de Guerrero están obligados a transparentar los recursos que gastan porque en el caso de los partidos políticos reciben financiamiento público a través del Instituto Electoral, mientras que la universidad recibe subsidio federal y estatal.
Los 38 sujetos obligados serán denunciados ante los órganos internos de control que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán iniciar los procedimientos de responsabilidad sancionatorios, por incumplimiento de información solicitada por particulares.