Patrulla de papel
Enrique Castillo González
Derecho de las audiencias… ¿va derecho?
Sobre la mesa de nuestro Laboratorio de Ideas se muestran una serie de tarjetas donde flota una IDEA. ¿Es información? ¿Es opinión? Ello en referencia a los (re)intentos de Pepe Merino por tener el control de la narrativa mediática en todas sus esferas.
Antes de ahondar adelanto el quid de este patrullaje.
Dentro de mi Logia (de ideas) ocupa un sillón José Manuel Gómez Campos, sociólogo y especialista en Comunicación y pues será él quien separe por partes el tema; aunque nosotros, rodeantes de la mesa y por ello hacedores de ideas nacidas de lo conversado, sutilmente interrumpiremos. Así, José Manuel nos dice.
—Esta semana, desde Palacio Nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias—. Preparándonos para la cátedra, dando tiempo a acomodar hojas y plumas yo interrumpí.
Exactamente minutos después de la posición de Claudia Sheinbaum desde los diferentes espacios de “comunicación periodística” saltaron estas preguntas.
¿Serán ellos los árbitros de la verdad periodística? ¿Censura? Kourchenko, en su edición desliza la ambiguo del concepto de VERDAD. ¿Regulación de medios?
En otras notas recogen la bandera de “nada ni nadie contra la libertad de expresión” y para cerrar esta retahíla, esta última (pregunta), ven riesgos de politización y censura en nuevos lineamientos. Y si, habrá de desarrollar las respuestas a cada pregunta. Ahora.
Este ejercicio del Estado mexicano por controlar a la PRENSA (hoy ampliado a los MEDIOS) no es nuevo.
Adolfo López Mateos reaccionó luego de la concesión dada a los empresarios de Televicentro (hoy Televisa).
Luis Echeverría se fue duro contra Excélsior. Y varios etcéteras. Werever. Más sigamos leyendo al Lic. Gómez Campos.
—En el papel, suena impecable: derecho de réplica, distinción clara entre publicidad y contenido, defensores de audiencias en cada medio, atención a públicos con discapacidad.
Nadie en su sano juicio se opone a que la ciudadanía reciba información veraz.
El problema no está en el enunciado. Está en quién decide qué es «veraz».
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, ha construido en los últimos meses un espacio semanal donde señala, con nombre y apellido, textos y medios que —según su criterio— se apartan de la verdad. Esa misma funcionaria es ahora la encargada de explicar unos lineamientos que, en el fondo, institucionalizan la potestad de calificar qué información merece circular sin sanción.
La coincidencia no es casual: es el diseño.
El gobierno insiste en que no hay censura. Sheinbaum lo repitió sin matices: «no hay censura, ni va a haber censura». Y es cierto que el mecanismo, tal como está redactado, no coloca a un funcionario federal como juez directo de contenidos.
Cada medio nombrará a su propia persona defensora de audiencias, encargada de recibir quejas. Es, formalmente, autorregulación.
Pero la autorregulación solo funciona como contrapeso genuino cuando el árbitro final —en este caso la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones— es percibido como independiente del poder que se supone debe vigilar. Y ese no es el escenario mexicano de 2026.
Ahí está el verdadero riesgo, y no es un riesgo hipotético ni alarmista: es estructural. Cuando el mismo aparato que evalúa la «veracidad» de la información también responde políticamente al Ejecutivo, la línea entre corregir mentiras y desalentar la crítica se vuelve una cuestión de voluntad, no de diseño institucional. Las sanciones, se nos dice, son «última instancia».
Pero la amenaza de sanción —aunque nunca se ejecute— ya modifica la conducta editorial. Ese es, históricamente, el mecanismo más eficaz de control de la prensa: no la censura explícita, sino el desgaste calculado y la incertidumbre regulatoria como forma de disciplina.
Que el proyecto original excluya a la prensa escrita y a las plataformas digitales es, hoy, un dato tranquilizador.
Pero la propia presidenta ya dejó abierta la puerta a «revisar» si ese derecho de audiencias debería extenderse a los medios impresos. En política pública, las puertas que se dejan abiertas casi nunca se cierran solas.
Nada de esto significa que el statu quo mediático mexicano sea ejemplar, ni que la demanda histórica de audiencias con más derechos frente a los concesionarios carezca de fundamento.
La tiene, y de sobra. El problema es que un instrumento legítimo —proteger a la audiencia— se está construyendo con las manos de quien tiene el mayor interés en definir qué cuenta como verdad incómoda.
La consulta pública, abierta hasta el 21 de agosto, es la única ventana real para que academia, medios y sociedad civil intenten blindar estos lineamientos frente a su uso discrecional.
Después de esa fecha, ya no habrá diseño que corregir: solo aplicación que vigilar, mañanera tras mañanera. Wow.
¿Podemos agregar algo? Siento sobraría hacerlo. Creo, dejar abierta la posibilidad de ahondar en ese gran subtema de diferencia entre Información y opinión aportaría mil. Por cierto.
Existen grandes comunicadores quienes con una expresión o un gesto desarrollan temas y eso ipso facto generan agendas ¿les parece si seguimos sobre esta vereda?
Último patrullaje.- Guerrero, luego de haberse separado del cargo la alcaldesa Abelina López dejó un tiradero. Bien por el gobierno del Estado (y el federal… Fonatur) un ejemplo. Es el Mercado Central de este puerto un enorme foco. Leyendo comunicados sabemos del interés que la gobernadora Evelyn Salgado le tiene a este espacio… está cociendo pegadito.
Balazo al aire.- Primer ruido.
Greguería.- Campaña para prohibir el juego del Teléfono Descompuesto.
Oxímoron.- La terrible velocidad del ciempiés.
Haiku.- regresa mi princesa,
hice el puente,
y tendí bien la cama.