Piden a Evelyn datos de contratos de IEPC ligados a clan Tadei
La Auditoría Superior de la Federación solicitó al gobierno de Guerrero le remita documentación complementaria de los recursos de participaciones federales que se hayan asignado al Instituto Electoral de Participación Ciudadana para contratos con empresas vinculadas con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
La ASF menciona en su oficio a las empresas de materiales electorales Corporativo Zeg S.A. de C.V. Cajas Graf, S.A. de C.V. SERIPLAST de México S.A. de C.V., Reconstrucción de Comunicación, Producciones S.A. de C.V., Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., Formas Finas y Materiales y Gráficas Corona J.E., S.A. de C. V.
En el oficio número AEEF/1497/2026 con fecha 28 de octubre pasado, se establece que dicha información que se requiere forma parte de la fiscalización y revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2025.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) le da un plazo de diez días hábiles contados a partir del pasado 28 de octubre para que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envíe la información requerida.
De acuerdo con fuentes del IEPC, en las elecciones de 2021, la empresa de elaboración de materiales electorales CAJAS GRAF, que es propiedad de José Andrés Hernández Rocha, hijo de Raymundo Hernández Casillas, recibió un contrato millonario del IEPC.
En el informe de egresos de 2021 del IEPC, establece que 81 millones 606 mil 370 pesos se ejercieron para la producción y distribución oportuna de documentación electoral.
En la elección local de 2021, Morena ganó la gubernatura, la mayoría del Congreso local y más de 20 municipios, entre ellos Acapulco, el de mayor población, así como Chilpancingo y Taxco.
De acuerdo con fuentes del IEPC, en las elecciones de 2024 a alcaldes en los 83 municipios y diputados locales para los 28 distritos, ninguna empresa de materiales electorales se les acercó para firmar un contrato porque el gobierno de la morenista Salgado Pineda les redujo el presupuesto además de que había retrasos en su liberación.
Por la falta de presupuesto, el IEPC recurrió al organismo descentralizado del gobierno federal Talleres Gráficos de México (TGM) que elaboró los materiales electorales aceptando que el pago se les hiciera después.
En el 2027, que habrá renovación para la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, el gobierno estatal ya le advirtió al IEPC que no habrá muchos recursos para las organización de las elecciones.
«No habrá presiones de proveedores de material electoral porque seguramente recurriremos a Talleres Gráficos», dijo una fuente del IEPC.
El 17 de julio pasado, el IEPC aprobó solicitar al Congreso local la asignación de un presupuesto de mil 14 millones de pesos para el 2027 que habrá elecciones locales.
En este 2026, el Instituto Electoral de Guerrero ejerció un presupuesto de 472 millones 447 mil 831 pesos y en el 2025, 351 millones 410 mil 140 pesos. En 2025 y este de 2026, no hubo elecciones.
De acuerdo con informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de la cuenta pública del 2025 del IEPC, su desempeño financiero fue «aceptable».
Arrastra órgano electoral escándalos
Pero al igual que en el INE, el organismo electoral de Guerrero también ha tenido escándalos de corrupción de algunos consejeros electorales.
En el 2005, tras las elecciones a gobernador, alcaldes y a diputados locales, la primera celebrada en febrero y la segunda en octubre de ese año, el Congreso local inició una investigación sobre supuestos sobornos que el dueño de la empresa Servicios, Asesorías y Materiales Electorales S.A. (SAMESA), Raymundo Hernández Casillas —hermano de José Alfredo Hernández— realizó a un grupo de exconsejeros del anterior Consejo Estatal Electoral (CEE) a quienes les habría entregado un cheque de tres millones 250 mil pesos para adjudicar a dicha empresa contratos millonarios para la elaboración de la papelería electoral.
El exconsejero electoral Antonio Ortiz Hernández fue exhibido en un video en agosto de 2005 tratando de «vender» a un empresario en Acapulco un cheque de 3 millones 250 mil pesos con fecha de 20 de diciembre de 2004 que le habría entregado Raymundo Hernández Casillas.
El exconsejero electoral Ortiz Hernández trataba de vender el documento porque supuestamente se lo habían «rebotado» en una sucursal bancaria.
En su plática con el empresario y que se desarrolló en el hotel Las Brisas, en Acapulco, Ortiz Hernández involucró en ese supuesto soborno a sus excompañeros consejeros Ceferino Cruz Lagunas, Antonio Alfonso Neri Celis, Víctor Manuel Trani y Emiliano Cruz Lozano, quien en el 2005 fungía como presidente del CEE.
La investigación del supuesto soborno de este grupo de exconsejeros electorales la realizó, Ignacio Rendón Alarcón, quien en el 2005 era Auditor General del Estado y actualmente es el encargado de despacho de la Dirección de Finanzas del Congreso local.