Meten reversa a “machuchonas” para ministros del pueblo
Tras el escándalo mediático por el gasto de casi 30 millones de pesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en relación a las nueve camionetas Grand Cherokee que fueron adquiridas, los ministros informaron su decisión de no utilizarlos.
También van a solicitar que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.
“Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”, resaltó la SCJN en un comunicado.
Cabe señalar que, de acuerdo con el catálogo de estas camionetas, los precios oscilan entre el millón 69 mil pesos hasta un millón 777 mil 900 pesos, ya que todo depende el equipamiento y si es motor a gasolina o si es una versión híbrida y hasta 4X4.
En el interior, los vehículos cuentan con proyección a color de 10” en el parabrisas, un sistema Uconnect 5 con pantalla táctil de 10”, sistema de sonido premium McIntosh, pantalla interactiva del pasajero, iluminación ambiental led, los interiores son de piel Palermo con Nappa acolchada.
El precio de las camionetas no incluye el blindaje, que dependiendo el nivel podría llevarlas a más de tres millones de pesos cada unidad.
Semana de escándalos con “los ministros del pueblo”
La nueva Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), primera electa en las urnas, vivió una semana de escándalos y opulencias a poco más de 100 días del arranque de sus funciones el pasado 1 de septiembre de 2025.
Aunque en la ceremonia solamene de instalación el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz prometió un Poder Judicial austero, transparente, honesto y cercano al pueblo, los togados han protagonizado una serie de situaciones que contravienen estos principios, principalmente el de la austeridad.
La discusión por la cosa juzgada dividió al Pleno de ministros el pasado 19 de enero. En sesión, se discutió un proyecto de Lenia Batres Guadarrama que determinó improcedente interponer recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las extintas Primera Sala y Segunda Sala.
Pese a que el proyecto fue avalado por unanimidad, siete ministros se opusieron al párrafo 52 de la ponencia, al considerar que vulneraba el principio de cosa juzgada.
La autoproclamada “ministra del Pueblo” se impuso y mantuvo el párrafo en su proyecto, bajo el argumento de que estaban aplicándole reglas “precipitadas” e “inexistentes”, por lo que solamente quedó asentado que hubo una mayoría de ministros en contra de ese apartado.
“Si los ministros quieren cambiar las normas de este Pleno, de funcionamiento, yo pediría que se emita un acuerdo para que eso suceda […] Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto, ustedes están cambiándolo”, señaló.
El 24 de enero, la Suprema Corte publicó otra nota aclaratoria, esta vez sobre la elaboración del retrato vivo de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
En una tarjeta informativa, la SCJN informó que el óleo estaba a cargo de la artista Diana Carolina López López, a quien se le adjudicó la realización de la obra, pero que no la realizó por “compromisos y actividades previamente programadas”.
“La ministra Lenia Batres no determinó ni a la artista ni los términos del contrato, incluyendo su monto” que fue de 40 mil pesos, sostuvo.
Además, reconoció que indebidamente se omitió retirar el documento del Portal de Transparencia Ciudadana, lo que ocasionó que el instrumento contractual permaneciera como disponible.
Tras las críticas, la “ministra del Pueblo” reiteró que ella no tuvo nada que ver con la adjudicación, contratación, no realización y no pago de su retrato, “único que no se ha realizado de ministras y ministros anteriores”.
“Se sigue comprobando que no es a mí a quien van a encontrar abusos de gastos. Al contrario, puedo seguir presumiendo que mi equipo y yo devolvimos o ahorramos a la Suprema Corte en dos años más de 20 millones de pesos”, escribió Batres Guadarrama en su cuenta de X.
Otra que armó escándalo en redes fue la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien se dijo “muy feliz de estar en Costa Rica” luego de ser captada viajando a ese país en primera clase, de lujo.
En redes sociales, la ministra anunció su participación en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edición del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.
“Estoy lista para integrarme a las actividades de la próxima semana y contribuir al diálogo con otras personas juzgadoras constitucionales sobre un tema tan esencial para la dignidad humana en nuestra región”, aseveró Ortiz Ahlf.
Otro ruido para “los ministros del pueblo” fue la publicación de los costos de una ceremonia tradicional realizada el pasado 1 de septiembre cuando los ministros de la nueva Suprema Corte recibieron de líderes de comunidades indígenas un bastón de mando en una ceremonia tradicional, con todo y limpia para ahuyentarles malos espíritus.
Este acto simbólico, que estuvo caracterizado por consignas de los asistentes como “es un honor estar con Hugo hoy”, costó al menos un millón 254 mil 121 pesos, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
Los recursos ejecutados se distribuyeron entre cinco proveedores principales por servicio de audio, renta de baños portátiles y servicio de snacks, bocadillos y ensaladas, así como la instalación del escenario y la colocación de un bastidor de madera.