Presumen otra unión matrimonial infantil en Guerrero
En un nuevo caso de matrimonio forzado, en redes sociales circuló el video de una boda aparentemente simbólica de dos menores de edad, ambos estudiantes de secundaria de una comunidad indígena del municipio de Tlacoachistlahuaca, lo que generó indignación y conmoción porque es un acto prohibido por el Código Penal de Guerrero.
La fiesta de casamiento se realizó en la comunidad de San Pedro Cuitlapan, municipio de Tlacoachistlahuaca, en la región de la Costa Chica de Guerrero y, conforme la información preliminar, se contó con el consentimiento pleno de sus padres, quienes intervinieron en la celebración de la fiesta a la que acudieron familiares y amigos de ambos menores.
El joven tiene 13 años y su pareja apenas 14 quienes previo a la celebración se conoció que ya vivían juntos por lo que se decidió realizar la festividad el pasado domingo. Los videos y las fotografías fueron difundidas en diversas cuentas de redes sociales por quienes acudieron a la fiesta.
«Un aplauso a los padres de la novia, el señor Andrés Díaz Severo y a la señora Antonia García Santiago», se escucha decir al maestro de ceremonias en un video, mientras los dos niños bailaban un vals, ella vestida de blanco y él de traje gris claro con sombrero de palma. En el lugar donde se desarrolló la fiesta había decenas de personas que observaron a los dos menores de edad.
El gobierno de Guerrero, a través de Violeta Pino Girón, titular de la Secretaría de la Mujer, aclaró que no hubo un acto formal de casamiento en el Registro Civil y solamente se realizó el acto social. «Ellos ya vivían juntos y lo que se hizo por parte de los padres es hacer una fiesta como un acto social en el que a ella la visten de blanco. No hubo boda por la iglesia, fue un acto simbólico», remarcó la funcionaria.
De acuerdo con el diario Reforma, la activista Herlinda Tiburcio Cayetano, originaria de Tlacoachistlahuaca, afirmó que los matrimonios entre niños y su venta se ha normalizado en las comunidades indígenas. Incluso, que previo al evento, el papá del niño envió desde Estados Unidos 350 mil pesos a los padres de Antonia para que se realizara la boda.
«El papá del niño pagó el dinero por la venta de la niña y mandó otro dinero más para la fiesta», aseguró la activista, quien mencionó que los dos menores de edad estudiaban en tercer año de secundaria.
La activista advirtió que debido a sus denuncias por matrimonios forzados ya no la invitan a las celebraciones y afirmó que ha sabido de matrimonios forzados de niños en comunidades como Jicayán de Tovar, Huehuetonoc, Guadalupe y Yoloxóchitl, ésta última de la que es originaria.
Para la activista, ha sido un fracaso la cruzada para erradicar la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes que puso en marcha el gobierno de Guerrero el pasado noviembre de 2021 en Tlapa de Comonfort, en la región de La Montaña, donde existen casos ancestrales de matrimonios forzados.
Criticó que las autoridades soñaron que iba a funcionar, pero no ha sido así porque simplemente el gobierno carece de políticas públicas que beneficien a los guerrerenses principalmente a la gente más vulnerable.
«A ver cómo va a echar andar un programa en la Montaña y la Costa Chica cuando la gente, los niños, niñas, no tienen educación, salud, alimentación y seguridad en las calles».
En 2022, el Congreso local reformó el Código Civil para prohibir los matrimonios infantiles, la cohabitación forzada y las uniones tempranas. La reforma incluye penas de prisión y multas para quienes promuevan, soliciten, gestionen, oferten o se beneficien de estas prácticas.
Se tipifica como delito la cohabitación forzada, con penas de 5 a 15 años de prisión y multa para quien la promueva. Quienes soliciten, gestionen, oferten o induzcan la cohabitación, o se beneficien de ella, se les aplicará de 3 a 10 años de prisión y multa. Las penas aumentan hasta en una mitad si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
El objetivo de la reforma es erradicar el matrimonio infantil, la cohabitación y las uniones tempranas para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La reforma fue aprobada de manera unánime por el pleno del Congreso del Estado de Guerrero.