Rescatan e ingresan a Casa Hogar a menor indígena
- * Fue víctima de casamiento forzado en Cochoapa en Grande
- * Sus suegros la explotaron en campo de cultivo de Sinaloa
- * Por una fotografía de su exnovio la metieron presa
Obligada a casarse hace dos años, a sus 14 años de vida, explotada laboralmente por esposo y suegros y ahora amenazada para que su familia regrese 700 mil pesos por la dote que dieron por ella, una menor de Cochoapa el Grande fue ingresada quien amenazó con suicidarse si no puede ver a su madre.
El traslado de la menor fue ordenado por la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía de Guerrero, luego de que intervinieron para liberarla pues fue apresada por la familia del esposo cuando le encontraron en su teléfono celular fotografías de quien fuera su exnovio antes del matrimonio forzado.
El ingreso obedeció a una medida cautelar para evitar una nueva victimización de la menor, pero advirtió que se suicidarías si ya no podía ver a su madre a causa de ese traslado ordenado por las autoridades ministeriales.
El 12 de abril, el esposo de la menor pidió a la policía comunitaria de su pueblo que la detuviera porque en su teléfono celular tenía fotografías de su exnovio de nombre Samuel, quien también fue encarcelado.
La menor y Samuel salieron en libertad el 15 de abril, bajo el compromiso de que el pasado miércoles 30 de abril regresarían los 700 mil pesos a los padres de su esposo.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas rescataron a la menor, quien después de salir en libertad de la cárcel comunitaria de su pueblo, huyó por miedo a sufrir otra vez encarcelamiento.
«Cuando las autoridades le dijeron a la menor que se la llevarían a la Casa Hogar del DIF en Chilpancingo se puso a llorar y le dijo a su mamá que estaba muy deprimida porque la iban a alejar de ella y que se iba a suicidar si no la veía», contó Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En opinión de la activista, estas medidas para niñas que han sufrido matrimonio forzado en Guerrero sólo desintegran a las familias.
«Además, esa Casa Hogar del DIF no parece un albergue que reúna las condiciones, parece un reclusorio», dijo la abogada, quien añadió que no hay un traductor para que la menor pueda hablar vía telefónica con su mamá o sus familiares.
En años pasados, dos niñas de Cochoapa el Grande que sufrieron matrimonio forzado permanecieron en este albergue, una de ellas fue adoptada por uno de sus familiares y la otra salió cuando cumplió la mayoría de edad, reveló Neil Arias.
Los familiares del todavía esposo mantienen la advertencia de que la familia de la menor les debe regresar 700 mil pesos por la dote que pagaron los padres del esposo a la madre de la niña que, en ese entonces, tenía apenas 14 años.
La Fiscalía de Guerrero integró una carpeta de investigación por el delito de cohabitación forzada en contra de la mamá de la menor y de los padres de su esposo.
La dote, considerada actualmente por los activistas de libertades como una violación a los derechos humanos de las mujeres, era una tradición ancestral de los pueblos originarios, pero ahora se ha convertido en una transacción económica.
Desde 2022, el Congreso de Guerrero aprobó reformas al Código Penal guerrerense que establecen hasta 20 años de prisión a todos aquellos que promuevan los matrimonios forzados entre menores de 18 años de edad que era una práctica común en los municipios indígenas de la región de La Montaña. Ahora todas esas prácticas que eran avaladas por el sistema legal de usos y costumbres, heredados ancestralmente, se hacen de manera clandestina por el temor de ser detenidos tantos suegros como padres de los menores.
Ni el gobierno del Estado ni el Sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia ha emitido posicionamiento alguno en torno al caso de la menor cuya identidad se mantiene bajo reserva por obvias razones.
