Memorias de reportero
Carlos Ortiz Moreno
Hace diez años, el gobierno federal apenas peló una partecita de la gran mazorca. Una verdad que muchos guerrerenses ya sabíamos. A mediados del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, Guerrero fue el centro noticioso del país. ¿Se combatía la corrupción? Yo creo que a medias…
Trabajé con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero como delegado de Comunicación Social en Acapulco, pero no cobraba en nómina de Finanzas porque el puesto lo tenía otra persona (a la que tengo bien identificada) que era muy amigo de un pariente de la esposa del exgobernador. Ni modo. Me aguanté y varios compañeros cobrábamos por fuera, recibíamos los rescoldos.
Siempre pedí mejores implementos para trabajar en conjunto en la oficina. Pedí que repararan aires acondicionados porque trabajamos mucho tiempo en un auténtico horno, pero no decíamos nada porque teníamos que aguantar la vara. Todo se negaba porque “no había recursos y se destinaban a otras áreas más prioritarias”.
Y cuando me negué a cargarle la bolsa a Fernanda Lasso, la nueva directora general de Comunicación Social, me enviaron a una persona para decirme que ya no trabajaría más con ellos.
Le pedí que me dejara entregar formalmente la oficina y me dijo que no me preocupara por ello. Ellos se encargarían del papeleo de la que yo consideraba una legal entrega-recepción. Ni siquiera me dieron aguinaldo y mucho menos las gracias.
Por eso cuando explotó esta nota, brinqué de felicidad. Pero fue insuficiente.
Este era el comunicado oficial de la entonces PGR aquel 10 de febrero del 2015:
La Procuraduría General de la República (PGR) informa que el día de hoy elementos de la Policía Federal en coordinación con la Secretaría Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional dieron cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en contra de diez perdonas.
Entre los detenidos Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador con licencia del estado de Guerrero; de Luis Ángel Aguirre Pérez, Pablo Ignacio Hughes, Mauricio Francisco Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta y Jorge Eduardo Hughes Acosta y otras personas por el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita con relación a los siguientes hechos.
Se tiene acreditado que un grupo de personas, entre las cuales se encuentran servidores públicos del estado de Guerrero, sin tener vinculo cooperativo o razón social con empresas que obtuvieron contratos de obra pública en el estado de Guerrero recibieron durante los ejercicios de 2012, 2013, 2014 recursos provenientes del erario local y federal en sus cuentas bancarias personales.
Asimismo, se detectó que familiares de los exservidores públicos relacionados con estas operaciones ilegales fungen como representantes legales, apoderados y autorizados en las cuentas bancarias en las diversas empresas a través de los cuales operaba el desvío de recursos.
Las entidades de ámbito local y federal de las cuales se obtuvieron los recursos públicos hacia las empresas que a su vez los canalizaron a cuantas personales fueron Comisión Federal de Electricidad, Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo de Estatal de Seguridad Pública, Comisión de Infraestructura Carretera Aeroportuaria del Estado de Guerrero.
El monto de los recursos que fueron hasta hoy detectados entre enero de 2012 y septiembre de 2014 a través de las empresas Consultora Travesa S.A de C.V, Comercializadora 2003 S.A de C.V y Comercializadora Topacio S.A de C.V ascienden a la cantidad de 287 millones 12 mil 594 pesos.
La conferencia de prensa, de hace diez años, fue presidida por el ahora perseguido Tomás Zerón de Lucio.
Peeerooo…
El 8 de octubre de ese mismo año, con la resolución de Arturo Rafael Segura Madueño, magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, se ordenó liberar a Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador Ángel Aguirre al considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó su acusación por presuntamente lavar casi 32 millones de pesos.
En un comunicado, la PGR respondió que ya acató esta decisión judicial, “sin que ello necesariamente implique que se coincide con el criterio asumido. Tampoco conlleva que se deje de investigar los presentes hechos y la participación probable que tengan otras personas en los mismos”.
Por ello, la PGR dice que continúa con el proceso de allegarse nuevas pruebas “para, en su caso, proceder nuevamente en su contra“.
El tribunal también confirmó la formal prisión a otros 8 implicados en el supuesto desvío y lavado de 268 millones de pesos, incluido Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del exmandatario local. Ellos siguen presos, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
De acuerdo con fuentes penitenciarias, Aguirre fue liberado alrededor de las 3:00 horas de este jueves, tras realizar durante más de cuatro horas los trámites de excarcelación en el interior, detalló el diario mexicano.