Refutan priistas nombramiento en Auditoría: Gaby Bernal
Chilpancingo, Gro.- La designación de Natividad Pérez Guinto como encargada de la Auditoría Superior del Estado, hecha por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, es ilegal porque no cumple con los requisitos de validez, acusó la diputada local Gabriela Bernal Reséndiz.
La legisladora priista, en conferencia de prensa y a nombre de la bancada priista, sostuvo que el nombramiento debe ser hecho por el pleno del Congreso del Estado que es el único facultado para designar a la persona que ocupará la titularidad o el encargo del despacho de dicho órgano.
Señaló que, constitucionalmente, la Auditoría Superior del Estado es un órgano auxiliar del Congreso del Estado con autonomía técnica para realizar sus funciones referentes a la facultad de fiscalización de los recursos públicos estatales.
Recordó que el 20 de julio del 2021 Alfonso Damián Peralta concluyó su periodo como auditor y le correspondía suplirlo hasta el 16 de enero del 2022 al entonces auditor Especial del Sector Gobierno quien presentó su dimisión a esa responsabilidad y, por prelación, le correspondía a Pérez Guinto la titularidad por ser auditora especial de evaluación del desempeño, única que seguía en ejercicio del cargo.
Sin embargo, asumiendo facultades que no le corresponden, el presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, emitió un documento mediante el cual designa encargada de despacho de la ASE a Natividad Pérez Guinto y procedió a emitir nombramientos de Auditores Especiales y directores generales.
“La validez de los actos administrativos depende del cumplimiento de varios requisitos como son el cabal acatamiento de la norma y preceptos jurídicos, la competencia que la persona pública puede legítimamente ejercer, la formalidad del acto que se conjugan en la forma y el procedimiento, además de un razonamiento correcto y lógicamente sustentado”.
Añadió que es fundamental recordar que en el Estado de Derecho se proscribe la arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad y del poder público, de modo que las actuaciones de la administración pública deben estar estrictamente apegadas a las disposiciones jurídicas.
La bancada priista, por consiguiente, consideró que la designación de encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado no cumple con los requisitos de validez jurídico y por ende es inválida e ilegal y arremetió que los actos emanados de quien aceptó y asumió tal designación son igual de inválidos e ilegales porque no se cumplen los requisitos de validez del acto jurídico.
Bernal Reséndiz indicó finalmente, a nombre de los priistas, que presidente de la Junta de Coordinación Política no es capaz, su voluntad no está exenta de vicios y no reviste la forma que la ley exige.