Piden ceses en la Defensoría Pública; debilitan la justicia
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito hizo un llamado enérgico y urgente al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para que cese el despido y hostigamiento contra empleados del Instituto Federal de la Defensoría Pública y del propio Órgano. El 30 de junio se informó que fueron despedidos 43 empleados del organismo, entre ellos 39 mujeres.
En un comunicado, la Jufed acusó abuso de poder y hostigamiento psicológico de autoridades del Órgano de Administración Judicial contra personal de diferentes áreas, como administrativas, operacionales y trabajadoras sociales, quienes ocupan plazas.
Esta organización de juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) calificó de inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción, en donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras.
“Es inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción, en donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras. Si bien los afectados, mayoritariamente mujeres, pertenecen al personal de apoyo y administrativo, Jufed, como organización comprometida con la legalidad, la justicia y los derechos humanos, no puede permanecer indiferente ante prácticas arbitrarias que atentan contra la base laboral que sostiene la operación de la judicatura”, indicó.
Afirmó que un entorno de trabajo en donde impera el miedo, el atropello y la prepotencia de los mandos superiores contradice abiertamente los principios de la Constitución que juramos proteger.
“La función pública debe regirse bajo la ley, la racionalidad y el respeto a los procedimientos establecidos, jamás mediante el abuso de poder o el hostigamiento psicológico. Jufed refrenda su absoluta solidaridad con las y los compañeros administrativos afectados. Reiteramos que la defensa de la justicia comienza desde casa, rechazamos todo acto de autoritarismo, el cual socave la integridad y los derechos de quienes, con su labor diaria, sirven a México”, consideró.
La magistrada de circuito en retiro, María Emilia Molina, detalló que 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública fueron cesadas de sus cargos el pasado 30 de junio.
Mediante X, la también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C. (AMJAC) comentó que su labor permitía que niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, personas indígenas, migrantes y adultas mayores, víctimas de violaciones a derechos humanos, recibieran atención y defensa.
Denunció que con el cese de personal especializado se debilita la impartición de justicia profesional, independiente y de calidad.
Externó su preocupación de que se sigan presentando situaciones de despido, pese a que tras implementarse la reforma judicial se prometió reiteradamente el respeto a los derechos laborales.
«Defender los derechos laborales también es defender el Estado de derecho. La justicia también se debilita cuando se despide a quienes la hacen posibles», concluyó.
El 30 de junio fueron cesadas 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública. No eran personal administrativo. Eran profesionales que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o una asesoría jurídica.
“Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad”. “Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan”, alertó.