Enfoque
Carlos Díaz Figueroa
Persecución y venganza política desde la anuencia del gobierno federal
La situación que guarda el caso con la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero continúa siendo opinión de la desacreditada forma que le imputan pruebas de bajo argumento jurídico y sometimiento político.
El acto de prisión desde El Altiplano contra el exmandatario guerrerense es un acto de venganza política con la anuencia del centro del gobierno de México y la aplicación de una ley injusta por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los momentos desacreditados que pasan por el gobierno federal a través de perfiles señalados en actos de corrupción y delincuenciales desde el mandato de los Estados Unidos es primicia con el antecedente histórico de Ayotzinapa.
El exgobernador de Guerrero después del trágico acontecimiento de Iguala dio muestra de voluntad política por esclarecer los hechos, prueba de ello en variadas ocasiones de comparecer en la instancia del orden federal de su inocencia.
Descartando por igual el curso de omisión ante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, lo que fue en el primer momento de las investigaciones de un gobernante en turno con la firme disposición para aclarar los hechos.
Ángel Aguirre nunca se deslindó ni intento salirse por la puerta de atrás siempre por la grande en la dignidad y certeza de no ser culpable y cómplice del acontecimiento que marcó la separación de la función en calidad de gobernador de Guerrero.
En este momento pasa en un proceso de falsos argumentos perversos y vengativos de un hecho de tragedia a un tema político previo al escenario electoral del 2027, sin tocar a los de casa protegidos por el gobierno de la transformación.
La ley debe ser aplicable y no solo para los adversarios, fue el señalamiento directo en la opinión de actores políticos y por igual de la ciudadanía quienes comparten que la detención tiene origen y causa de persecución y venganza.