Pasa Cancillería caso a FGR, enviará extrañamiento sobre anuncios
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió casi una hora después el bombazo mediático enviado desde Estados Unidos sobre la acusación formal contra diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Moya Rocha, por delitos de narcotráfico y tráfico de armamento.
Textualmente el comunicado oficial de la Cancillería mexicana reza:
La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
En el comunicado emitido por la SER no se indica ninguno de los diez nombres que sí mencionan desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a quienes se les acusa de haber conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Entre los acusados se encuentran, además del gobernador de Sinaloa, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez. También están Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, Fiscal General adjunto de la FGE Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
En la relación está Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la policía del Estado; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, excomandante de la policía municipal de Culiacán.
A todos se les acusan de delitos como conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos, poseer armas y artefactos explosivos. Al excomandante de la policía municipal se le acusa también de secuestro con resultado de muerte contra un informante de la DEA y asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.