Extorsión en México crece 61.2% en la última década; persiste alta cifra negra
La extorsión en México mantiene una tendencia al alza pese a la reducción de otros delitos de alto impacto, de acuerdo con el informe “Extorsión en México”, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
El reporte documenta que las carpetas de investigación por este delito pasaron de 5,803 en 2015 a 9,357 en 2025, lo que representa un incremento acumulado de 61.2%. Tras un periodo de estabilidad entre 2015 y 2017, los registros comenzaron a crecer a partir de 2018 y alcanzaron su punto máximo en 2022, con 9,410 casos.
Aunque en 2023 y 2024 se registró una ligera disminución, el documento indica que en 2025 hubo un nuevo repunte de 4.5%, lo que posiciona a la extorsión como uno de los principales retos en materia de seguridad pública.
Un delito con baja denuncia
El informe subraya la llamada “cifra negra”, al estimar que entre 96% y 97% de las extorsiones no se denuncian o no derivan en una investigación formal.
Entre las causas principales destacan:
- Miedo a represalias
- Desconfianza en autoridades
- Percepción de impunidad
- Carga probatoria sobre la víctima
- Riesgo de revictimización
Esta falta de denuncias limita la comprensión real del fenómeno y dificulta diseñar estrategias efectivas.
Estados con mayor incidencia
En términos absolutos, cuatro entidades concentraron el 64.8% de los casos en 2025:
- Estado de México
- Ciudad de México
- Guanajuato
- Nuevo León
Sin embargo, al analizar tasas por cada 100 mil habitantes, el panorama cambia: Morelos encabeza la lista, seguido de Guanajuato, Ciudad de México, Colima, Baja California Sur y Nuevo León.
Impacto económico y social
El informe distingue entre extorsión oportunista (como llamadas) y extorsión sistemática, como el cobro de piso, que afecta directamente a comercios y sectores productivos.
En 2023, este delito fue el más frecuente contra empresas, con un costo estimado de 124,300 millones de pesos, equivalente al 0.51% del PIB.
Uso de armas incrementa el impacto
El documento advierte que en 40% de las extorsiones presenciales se emplean armas de fuego, lo que incrementa la probabilidad de pago y reduce la denuncia.
Además del impacto económico, las víctimas enfrentan consecuencias como:
- Miedo persistente
- Insomnio
- Estrés postraumático
Nuevo marco legal y retos
El análisis identifica dos avances recientes:
- La Estrategia Nacional contra la Extorsión (2025)
- La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión
Ambos instrumentos buscan mejorar la denuncia, homologar criterios y fortalecer capacidades institucionales. No obstante, la Ibero advierte que el principal desafío será su implementación efectiva.
El informe concluye con tres recomendaciones clave:
- Fortalecer la denuncia y mejorar el diagnóstico del delito
- Ampliar capacidades institucionales y presupuesto
- Crear mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas
Asimismo, propone la creación de un observatorio independiente que evalúe los avances de la estrategia nacional.