Atrás de la raya
Heliodoro Cerros Flores
- ¿Sabía usted que desde los centros penitenciarios se cometen más del 70 por ciento de delitos de amenazas y extorsión que enfrenta la ciudadanía en el país y en el estado de Guerrero?
Lo anterior lo dio conocer el diputado Joaquín Badillo Escamilla al presentar el dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero en materia de extorsión ante la sesión plenaria, del pasado miércoles, del Congreso del Estado.
El dictamen correspondió a una de las cuatro iniciativas que envío la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que tuvo como punto principal impulsar la homologación de la Ley contra la Extorsión que fue aprobada recientemente por los senadores y los diputados federales.
El diputado Badillo Escamilla refirió que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más afectan a la sociedad por las pérdidas económicas, pero sobre todo por el daño emocional que provoca a la estabilidad familiar al someter a las víctimas a un clima de amenazas, intimidación y miedo.
La iniciativa de referencia busca, centralmente, terminar con el delito de extorsión que se genera desde los centros penitenciarios –las cárceles–, de los cuales el Estado de Guerrero cuenta con 12, implementando un estricto control del manejo de los medios de comunicación, los mensajes a través de las redes sociales y los teléfonos celulares.
Como se recordará, en el Estado de Guerrero ya han sido prohibidos y decomisados lo teléfonos celulares en los diferentes centros penitenciarios para evitar que se sigan cometiendo los delitos de amenazas y extorsión en contra de la población.
Sin embargo, parece que los delincuentes que ya purgan condenas por diferentes delitos logran burlar los dispositivos de seguridad y siguen cometiendo los delitos de extorsión desde los centros penitenciarios de esta entidad federativa y del país, como lo prueba la alta incidencia que se registra de los mismos y que ha provocado que sea la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulse La Estrategia Nacional Contra la Extorsión.
En su exposición, el diputado Joaquín Badillo Escamilla recordó que la iniciativa de referencia fue presentada hace dos años, en el mes de marzo de 2023, cuando ocupó una curul en la LXIII Legislatura, y que el pleno aprobó remitirla al Congreso de la Unión toda vez que se propuso establecer como grave el delito de extorsión, lo cual tuvo eco con las propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal, y que hoy son ya una realidad.
“En ese entonces señalamos que una de las prácticas que mayormente afecta a nuestros ciudadanos y ciudadanas guerrerenses, particularmente del puerto de Acapulco, por parte de estos grupos delictivos ya se encuentra tipificado en el artículo 243 del Código Procesal Penal de nuestro Estado, en referencia al delito de EXTORSIÓN”.
El artículo 243 establece que “A quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro indebido para sí o para una tercera persona, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a mil quinientos días de multa”, resaltó.
“Este delito hoy lo estamos abrogando en el Estado para pasar a ser un delito Federal”.
Para cerrar, el diputado Joaquín Badillo Escamilla resaltó que con las reformas de la iniciativa, el Estado de Guerrero avanza de manera decidida en la consolidación de un sistema penitenciario más seguro, tecnológicamente controlado, responsable y alineado al marco nacional, cerrando espacios a la impunidad, protegiendo de manera directa a las víctimas y contribuyendo de forma efectiva a la estrategia nacional de combate a la extorsión… Veremos.