Halconea crimen organizado 23 entidades con cámaras
El crimen organizado ha logrado monitorear con cámaras de video ciudades en 23 estados de la República y, de acuerdo con el gabinete de seguridad, ha tenido la capacidad de instalar hasta casi diez mil equipos que equivale a montar casi tres veces el C5 del estado de Guanajuato.
Aunque los equipos han sido desactivados y asegurados por las Fuerzas Armadas, el halconeo persiste no solamente con las movilizaciones de los aparatos de seguridad pública sino con la población a la que vigilan todos sus movimientos especialmente a las actividades económicas que realizan.
De acuerdo con reportes oficiales, tan solo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha logrado incautar 8 mil 653 cámaras de videovigilancia en el primer bimestre de 2025.
De enero a febrero los elementos de la Defensa Nacional aseguraron en Guanajuato 5 mil 320; en Sinaloa, mil 27; en Veracruz, 538; en Zacatecas, 502, y en Sonora, 179, entre otros. En tanto, la Guardia Nacional (GN) del 1 de enero de 2020 a febrero de 2025 desactivó 275 videocámaras, sin precisar los estados.
La Secretaría de Marina aseguró 669 videocámaras de 2024 al primer bimestre de 2025. En Veracruz, 576; Sonora, 37, y Puebla, 22, entre otros estados, según estadísticas de las dependencias proporcionadas vía transparencia.
Por ejemplo, en el caso de Guanajuato el C5 cuenta con 4 mil 300 puntos de videovigilancia.
Daniel Castillo Santander, especialista en seguridad y estrategia aplicada, detalla a El Universal la teoría conocida como “Estado de protección”, en el que el crimen organizado actúa como si fuera un gobierno paralelo; proporciona servicios, da protección y cobra impuestos.
“El caso de Guanajuato podría ser un ejemplo de esa teoría. ¿Y a qué vamos? No nada más hacen una red de vigilancia, están obteniendo control sobre la población. No es simplemente decir que les avisen cuándo viene la policía o la fuerza armada”.
Según el maestro de seguridad, los integrantes del crimen organizado también vigilan la entrada de grupos antagonistas, quién sale de su casa, quién está en un negocio, cuánto ganan, cómo pueden extorsionar de alguna forma. Lo que se pone en juego es literalmente la gobernabilidad de la zona.
“La colocación de cámaras es una muestra del nivel de complicidad y corrupción que se vive y lo rebasadas que están las fuerzas del orden en esa entidad. Hace ocho años se empezaron a emplear los primeros drones con explosivos en Michoacán y ahora es algo común”.
El especialista en seguridad nacional sostiene que los grupos delincuenciales adaptan tecnología muy barata para fines criminales y se hace popular. Lo más probable que esa práctica se extienda a más zonas por lo que se requiere voluntad política de la autoridad civil, porque mandan a las Fuerzas Armadas a quitar las cámaras, pero cuestiona el actuar del gobierno.
“¿Qué pasa si la autoridad civil está de alguna forma coludida? ¿Qué hacen? Entonces, se debe recuperar la gobernabilidad. Esto de las cámaras es una muestra del nivel realmente de gobierno alternativo criminal que tienen en la entidad”.
Propone finalmente que hay que ir en contra justamente de la raíz del problema que sería recuperar el Estado de derecho y que la autoridad sea el poder constitucional, no el poder fáctico del crimen organizado.
Alberto Hidalgo Montes, doctor en Seguridad Pública, Procesamiento Penal y Política Criminal, señala que la colocación de los equipos es un avance natural de las células delincuenciales; el problema radica en que el Estado se acostumbró sólo a los actos violentos.
Agrega que el gobierno olvida que la delincuencia cuenta con inteligencia y contrainteligencia, por lo que las autoridades deben reaccionar más rápido para igualar sus capacidades y anticiparse.
En algunos estados, comenta, no ven necesario invertir en tecnología y esos huecos los aprovecha la delincuencia para establecer centros de monitoreo, como ocurre por ejemplo en Sinaloa.