Bajo Fuego
Enemigos de la Prensa
José Antonio Rivera Rosales
En definitiva, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación -que muchos morenistas ni siquiera saben qué es, si es que existe algo así- se ha convertido en un enemigo declarado de la prensa, especialmente de la prensa que investiga y critica.
Cuando dos columnistas reconocidos -Javier Tejado y Raymundo Riva Palacio- denunciaron que este gobierno ejerce espionaje contra periodistas, el presidente López Obrador reaccionó airadamente para desmentirlos.
“Es falso: Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Vamos a tener aquí una sección de quién es quién en la prensa”, advirtió el mandatario en respuesta a la denuncia de los columnistas.
Lamentablemente, López Obrador ignora de lo que habla o miente a sabiendas. Su reacción furiosa es una respuesta a lo que han publicado algunos medios, pero especialmente a lo que difunden algunos comentaristas críticos que, antes y ahora, han criticado a los gobiernos en turno sobre errores o conductas inapropiadas.
En especial parecen haberle molestado los señalamientos de Riva Palacio sobre el espionaje que subrepticiamente se mantiene sobre periodistas incómodos, a la par que sobre temas especialmente delicados, como los cárteles del crimen organizado.
¿Por qué decimos que lo ignora o miente a sabiendas? Por la proclividad del mandatario para mentir constantemente, cuando la realidad muestra claramente que las cosas no son como él lo dice. O, de plano, ignora de lo que habla.
Aunque, la estructura de los servicios de inteligencia han registrado cambios substanciales desde que desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se mantienen intactos algunos procedimientos esenciales para la existencia misma del estado, como el espionaje.
López Obrador debe saber que los gobiernos en turno, todos, han recurrido al espionaje para mantener un flujo constante de información que alimente a los titulares del poder, como son los secretarios de estado y el propio presidente de la república. Y todos han vigilado de siempre a los periodistas incómodos para conocer sus fuentes de información y los eventuales riesgos que pudieran implicar para la seguridad del estado.
¿Por qué sería la excepción el gobierno de López Obrador?
Baste citar el caso del columnista Manuel Buendía, el más leído en su tiempo, asesinado por agentes del estado el 30 de mayo de 1984. Por las presiones políticas y sociales que tan infame hecho generó fue encarcelado José Antonio Zorrilla, titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), cuyo jefe inmediato era el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hoy responsable de la Comisión Federal de Electricidad en el impoluto gobierno de la Cuarta Transformación.
La DFS de Bartlett Díaz vigilaba a diario las actividades de Buendía para conocer lo que publicaría en su columna Red Privada, y algo no les gustó -al parecer lo que el columnista publicaría en su próximo texto- que ordenaron su eliminación física.
¿Y acaso debemos creer que las cosas han cambiado?
Marcelo Ebrard, uno de sus consentidos, quedó exhibido como mentiroso y corrupto cuando peritajes internacionales demostraron su responsabilidad en las graves deficiencias que provocaron el derrumbe de la Línea 12 del Metro, que causó la muerte de 25 usuarios y provocó graves heridas en otros 100.
En el gobierno de Zedillo, de Fox y Calderón también hubo vigilancia de periodistas, fundamentalmente para conocer sus fuentes de información o la tendencia de sus escritos.
La afirmación de López Obrador de que “no somos iguales”, sencillamente no tiene asidero ni base donde sustentarse porque la realidad cotidiana lo desmiente a diario. Sus mentiras están más que demostradas.
La diferencia es que en estos tiempos la violencia de los cárteles sustituyó a la del estado criminal. Ahora son los cárteles los enemigos más virulentos de la prensa, los que los vigilan, presionan y asesinan si es necesario para evitar que se divulguen algunas cosas. Pero ello no exime de responsabilidad al gobierno.
López Obrador fustiga a diario a la prensa que lo incomoda, desmiente a los periodistas que lo investigan e inclusive amenaza a quienes osan exhibir sus fenomenales mentiras, como en los casos en que se ha demostrado que sus partidarios y algunos funcionarios son corruptos aunque predican lo contrario.
Siguiendo su ejemplo, en el nivel local sus personeros más notables -como la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo- han demostrado su aversión a la prensa, especialmente a quienes exhiben sus arbitrariedades.
Durante la administración -que no gobierno- de esta señora, cinco periodistas fueron agredidos por sus funcionarios, sin que a la fecha exista una disculpa satisfactoria que permita colegir que hayan sido agravios fortuitos o circunstanciales.
El extremo fue el caso de Samuel Millán, un joven periodista que fue agredido por policías municipales cuando filmaba un choque entre motociclistas del festival Acamoto -que al final son turistas- y uniformados.
Los municipales, sin advertencia previa, llegaron a intimidar primero al novel reportero y después a amenazarlo diciéndole: “Te tengo ubicado”, luego de arrebatarle de un golpe el celular con el que filmaba.
Hasta la fecha es una amenaza continuada, dado que no existe una disculpa pública ni de la alcaldesa, ni del secretario general, ni del jefe de la policía, ni mucho menos de los uniformados agresores, que hasta la fecha no han sido identificados. El secretario general de la administración morenista se limitó a decir que actuaría cuando fuera notificado por la Comisión de Derechos Humanos, lo que mueve a risa, dado que esa notificación podría tardar semanas en llegar, es decir, cuando el gobierno de Adela Román vaya de salida.
Si las cosas siguen así, los periodistas porteños nos preguntamos ¿qué nos espera con las nuevas autoridades emanadas de Morena tanto en el gobierno del estado como el municipal?
Habremos de volver sobre este tema, particularmente con la tendencia al fascismo que muestran los funcionarios morenistas en ascenso.