Cumple 8 años impune el caso Crematorio de Acapulco
Carlos Ortiz Moreno
Hace ocho años se descubrió en Acapulco un megafraude macabro que sigue sumido en la impunidad: la policía encontró 61 cadáveres en un crematorio abandonado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués. El hallazgo evidenció que los dueños no incineraban los cuerpos entregados y, pese a jugosos cobros, entregaban arena y tierra a familiares.
En aquella ocasión, la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero informó que oficialmente fueron encontrados 61 cuerpos que estaban dentro de bolsas y cubiertos totalmente de kilos de cal para evitar el mal olor de la putrefacción. El lugar fue ubicado en el kilómetro 5 lote 507 de la carretera Cayaco-Puerto Marqués.
Elementos de la desaparecida Gendarmería, Policía Ministerial y agentes del Ministerio Público iniciaron un operativo en el interior de un crematorio que tenía varios meses de abandono. Los vecinos del lugar reportaron la existencia de olores nauseabundos y pidieron la presencia de la policía.
La otrora Procuraduría de Guerrero había dicho también que el crematorio llevaba casi un año abandonado en ese sitio. En el lugar fueron hallados cadáveres de hombres, mujeres y hasta niños.
Después de que se dieron a conocer los hechos el que era comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó que la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el crematorio era el fraude.
Se explicó en aquella ocasión que, según información con que cuenta la Procuraduría de Guerrero, los propietarios de ese establecimiento recibían los cuerpos, pero no los incineraban y entregaban a sus familiares otro tipo de cenizas y además del certificado de incineración, previo jugoso pago que oscilaba entre los 5 mil a 10 mil pesos.
Hace ocho años se dijo que la investigación del caso estaría a cargo de la Procuraduría de Guerrero y que las autoridades federales le están brindando apoyo, toda vez que se había descartado completamente la participación del crimen organizado.
El caso cobró relevancia de investigación debido a que cinco meses atrás, en Guerrero había explotado otro caso de importancia internacional: la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que habían sido atacados por integrantes del crimen organizado en la ciudad de Iguala.
El entonces procurador guerrerense, Miguel Ángel Godínez Muñoz, informó que la dependencia a su cargo había girado una orden de localización a nombre de Guillermo Stuart Zardain, quien figuraba como el dueño de la empresa Cremaciones del Pacífico, además de que se había pedido la ayuda de la Interpol para emitir una ficha roja.
En la expedición de permisos de la empresa Cremaciones del Pacífico estuvieron inmiscuidos regidores y funcionarios de la administración municipal que encabezó el empresario Luis Walton Aburto, exmilitantes del PRI, del Partido Convergencia y hoy impulsor de la precampaña presidencial del canciller Marcelo Ebrard Casaubón.
Stuart Zardain, oriundo de la Ciudad de México, era hijo de un jubilado y una señora con gran poder económico. Sus vecinos sabían, porque lo presumía, que guardaba una gran amistad con el procurador que investigó el caso.
Comenzó el negocio del crematorio con la ayuda económica de su mamá, sin saber nada de ese negocio.
Meses antes de que saliera a la luz pública este problema, su hijo menor de 5 o 6 años, jugaba con cerillos y al encerrarse en un closet de su casa provocó un incendio que acabó con todo en su departamento que tenía en Horacio Nelson en el Fraccionamiento Costa Azul.
Hasta la fecha no ha habido una sola persona detenida por el caso. Se desconoce si la actual Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene viva la investigación. Foografías de Francisco Robles, publicadas en Reforma en 2015