Ligan a fiscal de Guerrero con presunta corrupción
La bandera anticorrupción que enarbola la actual fiscal general del Estado de Guerrero, teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, es solamente un trapo andrajoso ya que se encuentra inmiscuida en la firma de un contrato millonario que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional con un exfuncionario federal con amplio historial de peculado, dueño de una empresa fantasma.
De acuerdo con el portal www.contralacorrupción.mx, Valdovinos Salmerón aparece como firmante —entre otros integrantes del Alto Mando castrense de México— del contrato celebrado entre Sedena y la empresa Soluciones Integrales de Riesgos de Desastres, S.A. de C.V. cuyo socio mayoritario es el exsenador priista José María Tapia Franco, subordinado del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La empresa beneficiada con el contrato de compra por 52 millones de euros, unos mil 350 millones de pesos, tendría que haber surtido mil 330 ventiladores a hospitales en México, pero toda la información oficial fue clasificada como secreta para proteger a los militares participantes en dicha adquisición a una empresa que, pese a tener un domicilio publicado, no existe lo que la convierte en una empresa fantasma.
Valdovinos Salmerón tenía la responsabilidad en la Sedena de vigilar cabalmente cada uno de los pasos que evitarían un acto de corrupción al fungir como asesora jurídica de la Dirección General de Administración de la misma Secretaría de la Defensa Nacional.
El portal informativo señala que “la vigencia del contrato será a partir de su formalización (el 30 de marzo) hasta el 31 de diciembre de 2020. Ese es el lapso que tiene la empresa para entregar los ventiladores. El pago se realizará con un anticipo de hasta el 50% del monto total del contrato; la otra mitad se cubrirá cuando el proveedor haya entregado el total de los equipos médicos”.
El general Arturo Coronel Flores, director general de administración de la Sedena, fue el responsable de firmar el contrato, en el cual se establece que el mayor de sanidad Hiram Isabel Mendoza Cruz será el responsable de verificar los aspectos técnicos, lugar y forma de entrega de los ventiladores, condiciones de pago, así como las garantías de cumplimiento y calidad.
El contrato fue firmado, además, por el general Ramón Arturo Valdés Espinosa, por el coronel Teodoro Figueroa Castro, de la subdirección de adquisiciones; por la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, asesora jurídica de la dirección general de administración, y por la teniente Yeni Torres Salinas, de la sección de adquisiciones de suministros médicos.
Por parte de la empresa proveedora firmó Edwin Alejandro Medina Hernández, representante legal y socio minoritario.
La cláusula 23 del contrato celebrado por la Sedena para comprar respiradores por mil 350 millones de pesos establece que todos los datos y condiciones del contrato son confidenciales, ajeno al conocimiento del público.
Dicha cláusula 23 también prohíbe que las partes divulguen o publiquen los términos y condiciones del contrato, en cuyo caso éstas “asumirán la responsabilidad por este motivo”.
Sin embargo, la Ley General de Transparencia establece que sólo “los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos” podrán ser confidenciales, por lo que el contrato referido debería ser de conocimiento de la sociedad.
Valdovinos Salmerón fue partícipe de un presunto acto de corrupción ya que, fue público y notorio, que durante la pandemia en 2020 el Sector Salud siempre reportó la carencia de ese tipo de ayuda hospitalaria para pacientes infectados por el virus del SARS-CoV-2.
Fuera de la terna legal, acusaron imposición
En medio de una protesta aislada de organizaciones de profesionistas del Derecho, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos rindió protesta ante el Congreso del Estado en una sesión que pretendió hacerse privada y al que se había negado acceso a los medios de comunicación.
En la sesión de un solo punto en el orden del día, se notificó al pleno y en seguida le fue tomada la protesta de Ley a la militar, quien arribó a la sede del Poder Legislativo de Guerrero en medio de un fuerte dispositivo de seguridad conformado por policías ministeriales, militares y Guardia Nacional.
A pesar de ser nativa del estado de Guerrero, del municipio de Zihuatanejo de Azueta, la teniente coronel jamás ha trabajado en la entidad suriana. Todos los encargos públicos que ha tenido han sido principalmente en la Ciudad de México y el estado de Zacatecas.
El currículum de Valdovinos Salmerón la ubica con 51 años, licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y maestra en Derecho Constitucional. Fue, además, titular del área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Sedena en la Ciudad de México; Agente del Ministerio Público Militar Adscrito a la Décimo Primera de la Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas; también fue agente del MP Militar en la Primera Zona Militar en la capital del país.
La presencia de un militar en la institución encargada de procurar la justicia a las víctimas causó desencanto a los defensores de derechos humanos, entre los que destaca el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
El director de esa organización, Abel Barrera Hernández, señaló a algunos medios el riesgo de que más militares ganen espacios en las instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia en Guerrero, donde las fuerzas castrenses han cometido graves violaciones de derechos humanos que han quedado impunes.
Consideró un retroceso que actores civiles sean desplazados por mandos castrenses en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, que dirige un marino, y en la FGE, con una teniente formada en justicia militar. Alertó que eso traería un costo social, político y jurídico elevado.
Aclaró que la formación castrense no garantiza el combate frontal a la impunidad, ni el combate a la corrupción, y preocupa que se confunda la disciplina militar con el orden social.
