Bloquea UIF 40 cuentas bancarias al clan Tadei
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores electorales tras detectar operaciones con elementos de riesgo. Los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones derivaron en la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas.
Todas ellas están vinculadas con proveedores electorales que, según la dependencia, presentan operaciones con elementos de riesgo que ameritan revisión por parte de las autoridades competentes.
La medida llega después de que distintas publicaciones periodísticas señalaran de forma directa a proveedores del INE, tal es el caso de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, y a la exconsejera presidenta Taddei Zavala por presuntas irregularidades en contratos durante su gestión al frente del instituto.
Medios de comunicación nacionales como El Universal confirmaron que los tres estarían incluidos en las sanciones de la UIF dadas a conocer este miércoles.
La UIF precisa que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter administrativo, preventiva y precautoria, y que no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incluidas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
La dependencia subraya que el proceso respeta en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas, mientras avanzan las indagatorias correspondientes.
Derivado de los análisis financieros y de los elementos de riesgo detectados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). El propósito es que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes.
La FGR deberá determinar, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos vinculados con los proveedores electorales señalados en el caso.
Casi al mismo tiempo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE, el extinto IFE y los organismos públicos locales electorales (OPLEs). La revisión busca identificar prácticas que habrían afectado el uso de recursos públicos en adquisiciones y servicios.
El organismo fiscalizador sostiene que sus trabajos de inteligencia y la información solicitada a las entidades federativas muestran múltiples anomalías históricas en el gasto vinculado con los OPLEs y las autoridades electorales federales, alcanzando los procedimientos de contratación de todos los órganos electorales locales.
La ASF señaló que las investigaciones se realizan dentro de sus atribuciones y bajo criterios de independencia, rigor técnico y apego a la legalidad. El comunicado, emitido este 4 de noviembre, no precisa los contratos, empresas ni servidores públicos que estarían bajo revisión, sin embargo, parte de los reportes periodísticos que trascendieron en los últimos días.
La Auditoría prepara un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas por el IFE, el INE y los OPLEs durante 25 años, de 2000 a 2025. El análisis pretende ubicar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el manejo del gasto público.
El trabajo incluye a grupos empresariales que habrían participado en contratos con las autoridades electorales, así como a servidores públicos relacionados con esos procesos.
La ASF plantea que dará a conocer los hallazgos sobre los mecanismos de compra y prestación de servicios detectados durante el periodo revisado. La tercera línea de trabajo consiste en una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado que ejercen los OPLEs.
Con ello, la ASF concentrará la revisión en los recursos, contrataciones y proveedores relacionados con las autoridades electorales federales y locales.