Las cosas de la política
Miguel Ángel Hernández Albarrán
¿El gabinete de seguridad defiende a un narcopartido?
Nunca en la historia de este país habíamos visto lo que vimos ayer.
El Gabinete de Seguridad —con el escudo de México, con la firma de la Defensa, de Marina, de Seguridad, de Gobernación, de la Fiscalía— haciendo un comunicado oficial no para informar de un operativo, no para dar cuenta de una masacre, no para explicar por qué mataron a un alcalde en Guerrero o en Michoacán. No. Salieron para defender a la dirigente nacional de un partido político. Al partido en el poder, esa es la foto del México de hoy.
Héctor de Mauleón publica que, según un reporte de inteligencia federal, Ariadna Montiel Reyes se habría reunido en Guadalupe y Calvo con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del mismísimo Chapo, para operar la elección en Chihuahua. Que Los Salgueiro habrían operado para Morena en 2024 a cambio de dejarles el corredor de La Tuna, Sinaloa, a Moris, Chihuahua. Puede ser cierto, puede no serlo. Eso lo tiene que aclarar una investigación seria.
Lo que no puede ser es que el Gabinete de Seguridad salga con un desplegado en menos de 24 horas a decir «no existe información oficial». Y la pregunta es ¿Desde cuándo el Gabinete de Seguridad es la oficina de prensa de Morena? Porque esa es la pregunta de fondo. Si el Gabinete está a la orden de un partido, entonces ¿quién defiende al pueblo?
El hecho de que las Fuerzas Armadas salgan a defender a una dirigente partidista deja instalada la sospecha de algo más grave: no solo de una narcodirigencia, sino de un narcopartido y la posibilidad real de un narcogobierno. Eso es lo que hoy se discute en Francia, allá Marine Le Pen ya trae como oferta de campaña «evitar la mexicanización de Francia» frente al avance del narcoterrorismo. En Europa ya ven lo que nosotros no queremos ver: que el narcoterrorismo se volvió oferta política.
En México lo vimos en 2024 en toda la franja del Pacífico. El narco no solo inhibiendo el voto, levantando candidatos, amedrentando, designando quién sí y quién no aparecía en la boleta. Lo vimos en Sinaloa con el caso Rocha Moya, en Guerrero, en Michoacán donde los militares llegan y se van, en Quintana Roo, en gran parte del territorio nacional.
Y ahora queda la otra pregunta que nadie quiere hacer: con todo el cochinero del INE, con los contratos de 197 millones de Taddei a empresas ligadas a su chofer, ¿qué garantía tenemos de que en la elección judicial el narco no metió mano para poner jueces? Si el árbitro estaba vendido, ¿la elección también?
Lo de ayer es el retrato completo: un Gabinete de Seguridad que debería combatir al narcoterrorismo termina firmando comunicados para defenderlo políticamente. Y queda muy claro que cuando el Ejército deja de ser árbitro de la Nación y se vuelve defensor de un partido, ya no estamos ante un problema de seguridad. Estamos ante la aceptación abierta de que las cúpulas militares están de acuerdo en ser utilizadas.
Eso es un narcogobierno. Y lo vimos ayer, con membrete oficial, con escudo nacional, defendiendo a un narcopartido y me quedo con la pregunta… ¿EL GABINETE DE SEGURIDAD DEFIENDE A UN NARCO PARTIDO?