Retiene Nueva Familia Michoacana a más de 100 campesinos en la Sierra
Más de cien personas permanecerían en cautiverio en la parte serrana de la región de Tierra Caliente de Guerrero, reveló el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, quien detalló que los siete campesinos liberados recientemente convivieron con esos rehenes durante su cautiverio.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, atribuyó los secuestros a la organización criminal La Nueva Familia Michoacana que buscaría consolidar su control territorial en la Costa Grande y la parte serrana de Guerrero.
Los campesinos liberados relataron que los movían constantemente entre distintos puntos de la Tierra Caliente para evadir los operativos de búsqueda. “Inclusive llegaron a estar en un lugar en el Estado de México”, explicó Velázquez durante la entrevista.
El grupo armado no mantenía a los secuestrados en una ubicación fija, de acuerdo con el testimonio del sacerdote. “Básicamente donde había operativos los movían, los movían en camionetas y no estaban en un lugar en específico”, señaló. Los trasladaban entre bodegas, parcelas y ranchos de la región.
Velázquez describió la dinámica entre las fuerzas de seguridad y el grupo criminal como un patrón de evasión constante. “El ejército se pone en un lugar, ellos entran por otro. Entonces, pues están jugando como el gato y el ratón”, afirmó el sacerdote, quien precisó que la presencia militar en la zona existe, pero resulta insuficiente debido a la extensión del territorio.
El padre “Fili”, como también se le conoce, advirtió que, pese al despliegue de autoridades en la región, ningún responsable ha sido identificado ni detenido por la privación de la libertad de los campesinos. “Hasta para este punto, pues no existen culpables”.
Sobre los motivos detrás de la liberación de los seis campesinos, Velázquez planteó dos hipótesis sin confirmar. La primera apunta a la presión generada por los operativos de búsqueda; la segunda, a que el caso habría atraído demasiada atención hacia los propios líderes del grupo criminal, lo que pudo resultarles inconveniente.
El plagio de los ocho campesinos del ejido El Balcón respondería a una estrategia de La Nueva Familia Michoacana para disputar territorio frente a cárteles rivales en la Costa Grande, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales.
La organización criminal buscaría instalar una base de operaciones permanente en territorio de El Balcón: “Querían tener ahí su base en El Balcón para poder operar de una manera más libre contra sus enemigos”, detalló el sacerdote.
El Balcón se distingue de otras comunidades de la sierra por rechazar el uso de armas en su organización interna, de acuerdo con Velázquez. “De todos los grupos de autodefensa comunitaria, de policías comunitarias, ellos son los únicos que no utilizan armas”, señaló el director del Centro Minerva Bello, quien describió a la comunidad como un modelo de organización basado en asambleas y gestión con el gobierno.
El propósito del secuestro habría sido obligar a los campesinos a dejar de ejercer funciones de vigilancia comunitaria o, de manera alternativa, sumarlos a las filas del grupo criminal.
De acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, fechado el 21 de octubre, los campesinos liberados el 16 de octubre denunciaron haber sido sometidos a golpes, tortura, privación de alimentos y otras condiciones que atentaron contra su integridad física y psicológica durante el cautiverio.
La organización señaló que las víctimas han tenido que cubrir por sus propios medios su atención y recuperación, sin respaldo institucional adecuado. El comunicado también denunció la ausencia del subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, a una reunión pactada ese mismo día con los campesinos liberados y la familia de Domingo Atanacio Quirino, el único campesino que sigue privado de la libertad del grupo de 8 que fueron secuestrados.
En representación del funcionario asistió Juan Méndez, delegado de Gobernación en la Costa Grande. De acuerdo con el Centro Minerva Bello, el encuentro se limitó a “escuchar y registrar peticiones, sin ofrecer soluciones concretas, compromisos verificables ni una ruta clara de atención a las víctimas”.
La organización también señaló a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, encabezada por Enedina Medrano Serrano, por no haber brindado hasta el momento la atención médica y psicológica que corresponde a las víctimas conforme a la Ley General de Víctimas.
El Centro Minerva Bello exige seis acciones concretas al gobierno estatal: la búsqueda inmediata, efectiva y coordinada de Domingo Atanacio Quirino; atención médica, psicológica y psicosocial especializada para los campesinos liberados; la intervención inmediata de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; una reunión directa y resolutiva con el subsecretario Francisco Rodríguez con compromisos por escrito y plazos definidos; la investigación diligente de los hechos de privación de la libertad y de las denuncias de tortura; y medidas efectivas de protección y garantías de no repetición para las comunidades afectadas.
“La liberación de las personas privadas de su libertad no significa que sus derechos hayan sido restituidos ni que las obligaciones del Estado hayan concluido”, señala el comunicado.
“No basta con que las víctimas regresen con vida. Es obligación del Estado garantizar su recuperación, protección, acceso a la justicia y reparación integral”, agrega el documento.