Huyen de violencia habitantes sierreños de Zihuatanejo; acusan abandono
Amenazados por grupos delictivos del crimen organizado y abandonados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, habitantes de cinco comunidades ubicadas en la Sierra de Zihuatanejo de Azueta abandonaron sus viviendas, cosechas y ganado para huir de la violencia.
Familias de San Ignacio, Pie de la Cuesta, El Puentecito, El Mamey y La Vainilla salieron en camionetas cargando apenas sus pertenencias tras más de 15 días de constante acoso criminal en esas comunidades.
«Preferimos salirnos de nuestros pueblos antes de apoyar a esas personas que nos tienen amenazados», relató bajo condición de anonimato uno de los desplazados, cuyo testimonio coincide con el de más de 50 familias afectadas.
El detonante del éxodo masivo ocurrió hace dos semanas, cuando un ataque armado dejó a un lugareño muerto. Aunque algunas familias intentaron regresar tras el despliegue inicial del Ejército y la Guardia Nacional, constataron que el resguardo era insuficiente y abandonaron definitivamente la zona el sábado 17 de octubre.
De acuerdo con las víctimas, la violencia ejercida por la célula delictiva conocida como «Las Cuatro Letras» inició en 2021 con despojos de ganado, robos y homicidios. Entre 2021 y 2023 se registraron los asesinatos a balazos de Osvaldo Torres, vecino de Pie de la Cuesta; Reyné Quiroz, de El Mamey, e Hilario Pacheco, de Cajones.
Sin embargo, la presión escaló recientemente cuando el grupo intentó reclutarlos de forma forzada.
«Querían que ahora los acompañáramos en todo lo que ellos hacen, pero les dijimos que no. Aumentaron las amenazas y por eso decidimos salirnos sin el apoyo del gobierno», denunció el afectado.
Pese a la gravedad del desplazamiento masivo, ni la presidenta municipal de Zihuatanejo, la priista Lizette Tapia Castro, ni el gobierno del Estado, encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, brindaron auxilio ni refugio a los afectados, acusaron.
«No nos apoyaron ni con despensas ni con un techo donde dormir; la mayoría preferimos irnos con familiares», lamentó.
El éxodo dejó vacías las cinco localidades. En las escuelas de preescolar, primaria y secundaria los planteles cerraron por completo, aunque la educación ya operaba de forma intermitente desde hace años por el ausentismo de docentes ante la inseguridad.
Las familias condicionaron su regreso a que las autoridades establezcan una base militar permanente en la zona, pues desconfían de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado.
«Fueron a los pueblos a recabar información, pero dudo que tomen medidas. Desde 2021 sabían todo lo que nos pasaba y nunca hicieron nada», recriminó el poblador.
Entre los hechos denunciados se encuentran ataques armados y el uso de drones con explosivos. Asimismo, pobladores han señalado que las amenazas y presiones de grupos delictivos se remontan a años anteriores.
La cifra exacta de personas desplazadas todavía presenta diferencias entre los reportes periodísticos, por lo que el número definitivo de familias afectadas requiere confirmación oficial. Empero, ninguna autoridad ha exhibido su posicionamiento sobre el tema.
Mientras tanto, las comunidades enfrentan las consecuencias de abandonar sus medios de subsistencia, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el problema del desplazamiento forzado por la violencia criminal en zonas rurales de Guerrero.