La competitividad de Guerrero

David Augusto Sotelo Rosas

De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, Guerrero ahora se encuentra en el penúltimo lugar del rango nacional. La entidad federativa, según el informe del Imco, padece baja diversificación económica, una alta criminalidad y un bajo grado de escolaridad, entre otros.

Si la competitividad es la capacidad para atraer inversiones, proteger su desarrollo y lograr su reinversión, Guerrero lo está haciendo muy mal. No habrá inversión que quiera asentarse en un lugar inseguro, con delitos de alto impacto, la extorsión, los secuestros; la falta de certeza jurídica, infraestructura urbana y servicios públicos eficientes.

Las inversiones son importantes porque éstas crean empresas (en los tres sectores de la economía), las cuales requieren empleos formales, éstos producen bienes y servicios que se venden y/o exportan; lo que produce salarios, pago de impuestos y crecimiento de la economía. Pero no se ve claro, cuando la propia inversión pública es rechazada por las comunidades rurales.

Por ejemplo, el proyecto “La Parota” fue un megaproyecto hidroeléctrico planteado por la Comisión Federal de Electricidad para construir una presa sobre el río Papagayo, aproximadamente a 30 km de Acapulco. Se pretendía generar hasta 900 MW de energía eléctrica (que es lo que exigen muchos inversionistas nacionales y extranjeros para establecerse), producir alrededor de 1,400 millones de kWh al año, contribuir al abastecimiento de agua potable para el puerto e impulsar actividades económicas (turísticas, agrícolas, de pesca) y de infraestructura en esa región.

La propia presidente Sheinbaum declaró la cancelación de esta inversión pública. De manera que todos los habitantes de esa región seguirán sumidos en la pobreza y miseria. No hay electricidad qué ofrecer a los inversionistas y Acapulco seguirá sufriendo el abasto de agua potable.

Cualquier resquicio de esperanza se ve cancelada con la Ley general sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, porque si una comunidad rural -que se asuma como indígena o afromexicana- no da su consentimiento para que se establezca un proyecto de inversión en su demarcación o zona aledaña, simplemente se cancela; como los cuatro proyectos eléctricos de más de 800 millones de dólares.

Tres eran de energía solar en Tecozocuautla, Hidalgo; Ticul 1 y Ticul 2, en Yucatán; y uno de energía eólica en Gunaa Sicarú, en Oaxaca, como lo comentó Sergio Sarmiento, en el periódico Reforma.

¡Qué capacidad para arruinar al país!