Conceden amparo a Aguirre para evitar incomunicación
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, obtuvo una suspensión de plano para que el penal de máxima seguridad del Altiplano donde permanece detenido cese cualquier acto de incomunicación en su contra.
La resolución llegó mes y medio después de que Aguirre fuera encarcelado y procesado por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa. A través de su defensa, el exmandatario tramitó un juicio de amparo en el que reclamó incomunicación dentro del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La suspensión fue otorgada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca. El juzgador resolvió que las autoridades penitenciarias deben permitir de inmediato que Aguirre Rivero tenga comunicación con sus familiares y defensores.
El juez federal concedió al exgobernador de Guerrero una suspensión de oficio y de plano para que cesen los actos de incomunicación dentro del penal del Altiplano. La medida ordena que pueda comunicarse con familiares y abogados, que estos accedan a los locutorios y que reciba asistencia jurídica mediante una llamada telefónica con sus asesores.
Según el resolutivo, el acto reclamado consistía en “incomunicación”. “Se concede la suspensión de plano y de oficio respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política, para que cesen de inmediato”.
La resolución precisa además que queda “a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la salud e integridad física del quejoso”. Niño Jiménez fijó un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación, para que el personal del Cefereso informe sobre la forma en que cumplió la medida, con copia certificada de las constancias correspondientes.
El recurso de amparo fue presentado por la defensa de Aguirre Rivero para reclamar las condiciones de comunicación que enfrentaba dentro del penal. El juzgador precisó que los efectos de la medida cautelar buscan que “la parte quejosa tenga comunicación con sus familiares y defensores”.
ambién estableció que los abogados tengan acceso a los locutorios “para que puedan entrevistarse con el justiciable”, además de realizar una llamada telefónica con sus asesores “para que puedan asistirlo jurídicamente”. El ingreso de esos profesionales deberá ajustarse a los lineamientos del centro penitenciario.
La resolución se limita a las condiciones de comunicación del exgobernador dentro del penal y no determina su responsabilidad penal respecto de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).
Aguirre Rivero fue detenido en agosto pasado en el Estado de México. En esa oportunidad, el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó en su contra prisión preventiva oficiosa y lo vinculó a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.
La acusación de la FGR sostiene que el exgobernador ordenó destruir evidencia relevante vinculada a la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por cámaras de seguridad en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Las grabaciones registraron el momento en que el vehículo fue detenido por policías municipales y estatales, hecho posterior al cual se reportó la desaparición de varios estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
De acuerdo con la Fiscalía, dos testimonios obtenidos durante la investigación vinculan a Aguirre Rivero con el ocultamiento de esas grabaciones. Uno de ellos, recabado en mayo, señaló que el exgobernador ordenó a funcionarios de alto nivel hacer desaparecer cualquier evidencia relacionada con lo ocurrido.
Ángel Heladio Aguirre Rivero gobernó Guerrero del 1 de abril de 2011 al 23 de octubre de 2014, fecha en la que renunció al cargo en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas.
Aguirre permanece bajo prisión preventiva en el Altiplano mientras continúa el proceso judicial en su contra. La defensa presentó diversos datos de prueba para controvertir la acusación de la Fiscalía, aunque el exgobernador aún no cuenta con una sentencia definitiva por estos hechos.
De acuerdo con un informe presentado por autoridades federales, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se detuvo a 31 personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
Entre esas detenciones figuran un militar, nueve exintegrantes de policías municipales y siete exservidores públicos, entre ellos Aguirre Rivero. También se capturó a ocho presuntos integrantes o cómplices de grupos delictivos, dos empresarios y cuatro personas civiles, como parte de las nuevas indagatorias del caso iniciadas desde octubre de 2024.