La Parota fue proyecto hidráulico de la CFE en los 70
El proyecto hidroeléctrico La Parota fue una obra planeada por la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Vicente Fox Quesada sobre el río Papagayo en Guerrero para generar electricidad, proveer agua potable y regular el caudal del río Papagayo. Para lograrlo, se construiría una presa con una cortina de más de 160 metros de altura y se removerían 21 comunidades rurales de Acapulco y San Marcos a zonas más altas.
Entre sus objetivos estaba la producción y/o generación de energía en hasta 900 megawatts de electricidad mediante una planta impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Suministrar agua potable al puerto de Acapulco y zonas aledañas por varias décadas. Administrar el caudal del río Papagayo para evitar problemas de escasez regional.
Empero, el proyecto generaría impactos y conflicto social al registrarse afectaciones territoriales. Se calculaba una inundación de más de 14 mil hectáreas de tierras de cultivo, selva y comunidades lo que obligaría un desplazamiento y reubicación obligatoria de miles de pobladores de ejidos y bienes comunales.
La sola presentación del proyecto provocó una resistencia comunitaria. Hubo una fuerte oposición de los habitantes organizados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quienes frenaron la obra durante años mediante protestas y amparos legales hasta su cancelación definitiva.
Hace 20 años, la principal crítica estribó en que el proyecto fue socializado en la comunidad acapulqueña urbana en lugar de plantearlo directamente a los habitantes de las zonas comunales que serían afectados a quienes no se les explicó directamente los beneficios a largo plazo con la creación de un sitio de interés turístico.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ideó y programó el proyecto por primera vez en la década de los 70, justamente en 1976, iniciando los estudios de viabilidad técnica y mediciones sobre la cuenca del río Papagayo.
La presentación e impulso definitivo llegó en 2003 durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada.
El megaproyecto se replanteó formalmente a nivel nacional e internacional a inicios del siglo XXI. Fue en 2003 cuando el personal de la CFE ingresó con maquinaria pesada a los terrenos de los comuneros en Guerrero, desatando de manera inmediata la resistencia social.
Al año siguiente se formalizó la creación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) al año siguiente
La inversión estimada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace 23 años para construir la presa La Parota oscilaba entre los 850 y más de mil millones de dólares.
En pesos mexicanos, el presupuesto oficial calculado para la obra desglosaba los siguientes costos:
Infraestructura de la presa: Alrededor de diez mil 362 millones de pesos; líneas de transmisión eléctrica con gasto de aproximadamente mil 18 millones de pesos adicionales.
El proyecto contemplaba destinar parte de los fondos a la contratación de diez mil empleos directos e indirectos durante todos los años de su etapa de construcción. Cabe destacar que este monto correspondía puramente a la obra civil y técnica programada.
Diversas organizaciones sociales señalaron en su momento que la inversión real habría sido mucho mayor al sumar los costos ambientales, las indemnizaciones ejidales y el plan de reubicación para las más de 25 mil personas desplazadas.
Sin embargo, desde su presentación enfrentó una fuerte resistencia de ejidatarios, comuneros y habitantes agrupados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quienes argumentaron que la obra provocaría el desplazamiento de miles de personas, la inundación de comunidades y la pérdida de tierras agrícolas.
La oposición derivó durante años en movilizaciones, procesos legales y conflictos sociales que convirtieron a La Parota en uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos del país.
En junio pasado, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) celebraron el inicio de diversas obras para introducir agua potable en comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, al considerar que representan una alternativa al proyecto de la presa.
De acuerdo con autoridades municipales citadas entonces, la inversión asciende a 91 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 10 mil habitantes mediante la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable en diversas localidades de la zona rural.
Durante ese acto, representantes del CECOP señalaron que el acceso al agua ha sido una de las principales demandas de las comunidades y anunciaron que darán seguimiento a la ejecución de las obras para garantizar su conclusión.
Uno de los principales rostros de la oposición fue Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del CECOP, quien encabezó durante años la defensa de las comunidades afectadas por el proyecto.
Suástegui Muñoz fue asesinado todavía por causas no conocidas públicamente en un ataque armado en Acapulco en junio de este año. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio del líder social.
Tras su muerte, el movimiento mantuvo su actividad bajo nuevos representantes. En junio, el portavoz Guadalupe Delgado del Carmen aseguró que las comunidades permanecerán vigilantes del cumplimiento de las obras hidráulicas comprometidas para la región y reiteró que la prioridad es garantizar el acceso al agua sin reactivar el proyecto de la presa.