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Encabezaba Ruffo red colosal de tráfico de huachicol: FGR

Al confirmar la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y cuatro personas más, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, exhibió una “colosal red» de tráfico de huachicol por ferrotanques que opera en ocho estados del país y que ha provocado un daño al erario por más de cuatro mil millones de pesos.

En un mensaje videograbado, la fiscal informó que, a raíz de una investigación compleja, la FGR realizó una operación de amplio alcance para desmantelar la organización criminal dedicada a la introducción de combustibles al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, la cual distribuía y comercializaba obteniendo ganancias millonarias.

La funcionaria federal anunció que en un primer bloque se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre los que se encontraban Ruffo Appel y su socio Ricardo Thompson Navarro, en la empresa Ingemar S.A de C.V, fundada por el panista.

Godoy Ramos explicó que a partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó «la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento», la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para el tráfico de combustibles.

Así operaba la red de huachicol

Explicó que la estructura de la red criminal comenzó a operar a través de la empresa Ingemar, vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

«Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados», indicó la exconsejera Jurídica de la Presidencia de la República.

Detalló que el combustible traficado por la red provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes, señaló.

Según Godoy Ramos, la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril, es decir alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.

«Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal. En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes. Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país», precisó.

«Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carrotanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí».

«Las investigaciones revelaron, además, un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos, ya que, a partir del análisis de los cargamentos investigados, se determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades».

Asimismo, la fiscal afirmó que la investigación de la FEMDO identificó que la organización criminal habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.

«Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, IVA. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos», comentó.

Indicó que las indagatorias también evidenciaron diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustible y las cantidades que realmente ingresaron al país.

«En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de diez veces lo autorizado. Respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media el volumen permitido.

Patrones clave en la operación de las empresas:

Refirió que de manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas y revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades.

«Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares».

«Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales», expuso Godoy Ramos.

Al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, entre enero y julio de 2025, la FEMDO detectó que la red de huachicol organización habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas. La institución ministerial tiene en la mira a servidores públicos, socios, operadores logísticos y agentes aduanales de la red dedicada al huachicol fiscal.

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