Tira Corte fiscalización estatal de recursos federales a municipios
*** La ASF es la única autoridad para revisar recursos federales
*** La ASE no puede sustituir ni ejercer facultades constitucionales
*** Amenaza Ayuntamiento de Acapulco acción legal contra la ASE
*** Queda en el aire la denuncia penal ante Fiscalía contra Abelina
La Suprema Corte determinó que la fiscalización del ejercicio de recursos federales transferidos a los municipios corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que las entidades de fiscalización superior de los estados no pueden revisar directamente su aplicación, informó el comunicado oficial de la SCJN.
Al resolver una controversia promovida por el municipio de Acapulco de Juárez, el Tribunal Pleno concluyó que diversos actos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero invadieron la esfera competencial federal al pretender fiscalizar de manera directa recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
El Alto Tribunal interpretó los artículos 74, fracción IV, y 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y concluyó que la ASF es la única autoridad competente para fiscalizar el ejercicio de los recursos municipales de origen federal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a las autoridades locales respecto de la gestión de los recursos públicos de su competencia.
La SCJN precisó que, si bien las entidades de fiscalización superior de los estados pueden revisar recursos estatales o municipales propios e, incluso, colaborar en los procedimientos de fiscalización, ello no les permite sustituir ni ejercer directamente las facultades que la Constitución Política Federal reserva de manera exclusiva a la ASF respecto de las aportaciones federales.
En consecuencia, la Corte declaró la invalidez del Informe Individual de Auditoría relativo a la Cuenta Pública 2023 y el oficio ASE/1380/2025, mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de Guerrero requirió al municipio de Acapulco información relacionada con el ejercicio de recursos del FAISMUN.
De inmediato, el Ayuntamiento de Acapulco celebró el fallo emitido este lunes por la SCJN al resolver la Controversia Constitucional 174/2025 y acusó que “los actos de fiscalización cometidos por la Auditoría Superior del Estado vulneraron el orden constitucional” por lo que amagó que “se analiza interponer un recurso legal por el ejercicio indebido de funciones de la ASE”.
En un comunicado, el gobierno municipal de Acapulco dijo que “reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y el respeto irrestricto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y añadió que “esta administración se ha caracterizado por el buen manejo de los recursos públicos”.
“Por lo anterior, reiteramos nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia y la legalidad, pero sobre todo el apego irrestricto a lo plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé el ámbito de competencia de las instituciones públicas que conforman el sistema jurídico del país y del Estado de Guerrero”.
En junio de 2025, la Auditoría Superior del Estado requirió al Ayuntamiento de Acapulco, representado por la morenista López Rodríguez, para presentar un informe de gastos de recursos federales enviados a Acapulco para acciones mitigadoras tras el impacto del huracán “Otis”.
En una semana de dimes y diretes entre la alcaldesa y la ASE, la responsable del Ayuntamiento acapulqueño se negó a entregar las cuentas a la institución fiscalizadora del Estado “porque no era su competencia legal el revisarlos”. En respuesta, la ASE interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de Guerrero contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por ejercicio ilícito del servicio público y la negativa de rendición de cuentas.
La denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, era por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público al no comprobar el uso de $898.6 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Hasta el momento, la Auditoría Superior del Estado no se ha pronunciado por la resolución emitida por el pleno de la Corte con una votación de 9 votos a favor son votos en contra ni abstenciones.