Hay violencia en Montaña baja por trasiego de droga y minería

• * Amapola y marihuana, siembras históricas, ya no son rentables
• * Narcolaboratorios en Guerrero, el nuevo negocio delictivo
• * Propiedad indígena de la tierra frenan actividad económica

Carlos Ortiz Moreno

Segunda y última parte

Por décadas se ha sabido que el trasiego de drogas, sembradas en los altos cerros de Guerrero, han causado enfrentamientos entre los grupos delictivos que pretenden controlar sembradíos, pero también la actividad minera hace resonar la violencia por la exigencia de la propiedad ancestral de las tierras sin importar las concesiones gubernamentales.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en la región de la Montaña Baja y en las zonas serranas de Guerrero, las principales drogas de cultivo tradicional son la amapola (adormidera) y la marihuana.

La amapola (Papaver somniferum) es, históricamente, el cultivo ilícito más extendido e importante de las regiones guerrerenses. De los bulbos de la planta se extrae una resina conocida como goma de opio, la cual sirve como materia prima base para procesar heroína y otros opiáceos.

En la actualidad, ese negocio ha sufrido una severa decadencia debido a la introducción masiva del fentanilo, un opioide sintético producido en laboratorios que no requiere de agricultura que derrumbó drásticamente el precio de la goma de opio en el mercado internacional, provocando que muchos campesinos abandonen estos campos.

La marihuana (Cannabis) se siembra aprovechando las condiciones climáticas y la dificultad de acceso geográfico de las cañadas y laderas. Empero, al igual que la amapola, su siembra ha disminuido considerablemente debido a la legalización en varias entidades de Estados Unidos y el cambio del mercado hacia las drogas sintéticas, lo que redujo drásticamente el margen de ganancia para los productores locales.

Aunque la siembra histórica en la Montaña Baja y Alta se limita a las dos plantas anteriores, en años recientes las fuerzas armadas han detectado e intervenido plantíos experimentales inéditos de hoja de coca en otras zonas del estado (particularmente en la Sierra de la Costa Grande), evidenciando un intento de los grupos delictivos locales por diversificar su producción de origen vegetal.

Asimismo, en la región de la Montaña el problema emergente no es la siembra, sino la introducción y consumo de sustancias de laboratorio como las metanfetaminas y el fentanilo.

Aunque a nivel histórico no existe una cifra pública total y acumulada que sume todos los narcolaboratorios detectados en Guerrero en las últimas décadas. La causa de esa falta de información es que las dependencias federales (como la Sedena y la Semar) suelen emitir los reportes de manera desagregada por operativos o de forma conjunta a nivel nacional.

Según las cifras oficiales, apenas difundidas, los laboratorios clandestinos de metanfetaminas y heroína en Guerrero se han localizado en comunidades de municipios de Costa Grande como Petatlán y Tecpan de Galeana), la región de la Sierra (como Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo) y los alrededores del municipio de Chilpancingo.

A nivel federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó en mayo de 2026 que la estrategia contra las drogas sintéticas ha permitido desmantelar más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos en todo el país, concentrando la mayor parte de estas acciones en el litoral del Pacífico, incluido el territorio guerrerense.

La actividad minera contra pensamiento indígena

Conforme la información oficial de la Secretaría de Economía del gobierno federal, en Guerrero existen aproximadamente 500 concesiones mineras registradas de las que únicamente se aprovecha de manera activa cerca del 10 por ciento. El resto de los títulos otorgados se mantiene bajo estatus de exploración inicial o inactivos.

La mayor cantidad de proyectos activos e importantes se localizan en el cinturón de oro de Guerrero que comprende municipios de la región de Tierra Caliente y la zona Centro (como los municipios de Eduardo Neri, Cocula y Arcelia).

Pese al gran volumen de títulos otorgados, la producción masiva se concentra en un número reducido de corporativos, destacando operaciones de empresas extranjeras (principalmente de origen canadiense) y nacionales.

En regiones como la Montaña y la Costa Chica se mantiene una resistencia latente debido a que las concesiones otorgadas abarcan miles de hectáreas de tierras ejidales e indígenas, generando preocupaciones por el impacto ambiental y social a los habitantes y sus representantes.

La riqueza minera en la región de la Montaña (tanto Alta como Baja) de Guerrero se compone principalmente de yacimientos metálicos de oro, plata, cobre, zinc, plomo y fierro. Estos minerales forman parte del potencial geológico de la Sierra Madre del Sur.

A diferencia del llamado «Cinturón de Oro de Guerrero», ubicado hacia las regiones Centro y Tierra Caliente, la Montaña Baja presenta una riqueza mixta o multimetálica. Se cuenta con vetas de oro y plata, así como importantes depósitos de cobre, zinc, plomo y fierro además de la existencia de yacimientos aprovechables de caliza, arcillas, yeso y cantera aptos para la industria de la construcción.

En los últimos lustros, el gobierno federal otorgó múltiples títulos de concesión para la exploración minera en el estado, abarcando decenas de miles de hectáreas en la región de la Costa-Montaña. Municipios de la zona o colindantes (como Atlixtac, Ahuacuotzingo o Copalillo) han estado históricamente en la mira de empresas con capital nacional y extranjero debido a su potencial extractivo.

Sin embargo, a pesar del fuerte potencial económico de estos minerales, la minería a gran escala no se ha consolidado operativamente en la Montaña Baja debido a un fuerte factor de resistencia civil.

Los pueblos originarios (principalmente nahuas y mixtecos) organizados a través de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han frenado los proyectos extractivos con el argumento de la defensa de sus fuentes de agua, el temor al despojo de sus tierras ejidales y el impacto de la contaminación ambiental, tomando como referencia experiencias negativas documentadas en minas vecinas del estado.

Las mismas organizaciones, defensoras algunas de pueblos indígenas de La Montaña, consideran que esos grandes potentados económicos utilizan a grupos de choque armados y a los mismos grupos delictivos para asediar comunidades enteras y obligarlas a retirarse de sus poblaciones para iniciar las excavaciones y explotar los yacimientos que se encuentran en toda la zona.

Según la revista Minería en México, Guerrero ha logrado escalar hasta los primeros lugares en la lista de estados con mayor producción minera en el país ahora como el quinto lugar con más contribución a la industria minera, gracias a riqueza geológica y continuo crecimiento.

Luis Humberto Vázquez San Miguel, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), asegura que la región tiene el potencial y los recursos para avanzar hasta la tercera posición en un plazo de cuatro años.

La publicación precisa que la minería ha sido un impulso para el crecimiento económico y social de Guerrero, pues ofrece alrededor de 10 mil empleos directos y más de 40 mil indirectos. El sector minero, además de ser un motor económico para la región, también beneficia a las comunidades a través de programas sociales que impulsan su desarrollo y crecimiento.

Empero, los representantes y liderazgos de esas comunidades indígenas que habitan en toda esa zona minera no explotada dicen lo contrario. Denuncian, al mismo tiempo, el abandono de los gobiernos y la apatía para defenderlos de los embates violencia de grupos armados.