Detienen a dirigente de comisarios de 3 municipios en Guerrero
En un operativo realizado en las cercanías de las instalaciones del Congreso del Estado, elementos de fuerzas conjuntas de seguridad detuvieron al abogado y coordinador de comisarios municipales, ejidales y delegados de la zona rural de Acapulco, Juan R. Escudero y Tecoanapa, Daniel Rosas Martínez, confirmó la Fiscalía General de Guerrero.
En un comunicado, la institución informó que personal de la Policía Investigadora Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Daniel “N”.
La detención se realizó por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad personal agravada, en perjuicio de diversas personas, por hechos ocurridos en el poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, en Guerrero.
El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.
En agosto de 2025, pobladores del municipio de Juan R. Escudero, región Centro de Guerrero, retuvieron a un grupo de 40 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, a quienes señalaron por presunto abuso de autoridad durante un operativo en la localidad de Tlayolapa.
Los militares y los efectivos de la GN fueron retenidos sobre la carretera federal México-Acapulco, en el punto conocido como San José del Puente, con el apoyo de taxistas y choferes de urvans del transporte público de Tierra Colorada.
En esa ocasión, reportes locales indicaron que los uniformados irrumpieron en Tlayolapa durante la madrugada y causaron destrozos en al menos 12 viviendas, con el objetivo de buscar armas y droga.
Medio locales de comunicación documentaron los daños causados a dos de las viviendas cateadas que quedaron con vidrios rotos, ropas y diversas posesiones tiradas en el suelo.
Sin embargo, los pobladores denunciaron que durante el operativo les fueron robadas sus pertenencias, como dispositivos móviles, joyería y hasta dinero en efectivo. En esa fecha, también acusaron un presunto caso de tortura en contra de una pobladora que habría sido asfixiada con una bolsa de plástico para obligarla a desbloquear un teléfono celular.
Los informes indican que esta sería la segunda ocasión que los militares irrumpen de forma violenta en Tlayolapa.
Al lugar donde fueron retenidos los uniformados arribó el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, quien horas más tarde informó la liberación de los uniformados tras la instalación de una mesa de diálogo con autoridades comunitarias.
El funcionario estatal, quien dijo llevar la representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que «si alguien abusó o cometió alguna actividad ilícita, que se presenten las denuncias para que se pueda proceder conforme a derecho», apuntó el funcionario en entrevista con medios a quienes remarcó que “el abuso de autoridad no debería existir en ningún nivel, ningún servidor público debe de ejercer abusos de autoridad.
Apenas el pasado 2 de febrero de este año, el ahora detenido encabezó a unos 200 habitantes provenientes de los municipios de Juan R. Escudero, Chilpancingo, en la zona centro, así como la zona rural de Acapulco para bloquear los cuatro carriles de la Autopista del Sol México-Acapulco, en el crucero que comunica con Tierra Colorada, al sur de Chilpancingo.
Desde alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de funcionarios estatales y federales, acompañados por fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, arribaron al sitio con la intención de llegar a un acuerdo y evitar el bloqueo en la autopista, lo cual no ocurrió.
Los pobladores demandaron que el gobierno estatal evite el avance de los elementos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) hacia sus comunidades.
En esa ocasión, Rosas Martínez dijo que el bloqueo se realizaba para presionar al gobierno federal a fin de que detenga el avance de los llamados grupos de autodefensas, principalmente de la UPOEG y CIPOG-EZ, a los que señalan de obedecer a intereses de un grupo criminal identificado como Los Rusos. Los comunitarios acusan que este grupo de comisarios son protectores del grupo delictivo “Los Ardillos”.