Blinda Corte a Abelina por revocación y cuentas federales
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el blindaje que la anterior integración del pleno otorgó a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, acusada del presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales.
El Alto Tribunal encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz avaló, este miércoles por unanimidad de votos, la decisión de sus antecesores que admitió a trámite las dos controversias constitucionales promovidas por López Rodríguez, para no ser sometida a revocación de mandato y para que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no la siga investigando sobre el destino de los recursos que presuntamente fueron malversados.
Cabe recordar que la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Guerrero interpusieron recursos de reclamación contra la admisión de los recursos presentados por la presidenta municipal del puerto de Acapulco, Abelina López Rodríguez, mismos que fueron declarados infundados hoy.
En junio del año pasado, la ministra Yasmín Esquivel Mossa admitió a trámite y concedió la suspensión en la controversia constitucional tramitada por la alcaldesa morenista para que no fuera removida para ser investigada por supuesto desvío de recursos federales.
Asimismo, el ahora ministro en retiro Javier Laynez Potisek, le concedió una medida cautelar similar que congeló la investigación de la Auditoría del Estado de Guerrero sobre el destino de los 898 millones de pesos.
“Se concede la suspensión solicitada para el efecto de que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no continúe con la Fiscalización Superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil veintitrés del municipio de Acapulco de Juárez”, resolvió Laynez Potisek.
De esta manera se mantienen vigentes las medidas de protección concedidas a Abelina López, por los ministros Yasmín Esquivel y Javier Laynez, respectivamente, hasta que la nueva Corte analice y resuelva las impugnaciones de la morenista que apoyó a Marcelo Ebrard Casaubon, en sus aspiraciones presidenciales de 2024.
Apenas el pasado 7 de enero, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de Acapulco por el delito de cohecho, en relación con el collar de la marca francesa Van Cleef & Arpels, el cual está valuado en 227 mil pesos.
De acuerdo con información de la Fiscalía, la carpeta 12022200300020071125 se encuentra “instruida contra Abelina López Rodríguez por el hecho que la ley señala por el delito de cohecho y lo que resulte”.
Por tal denuncia, se giró una orden de presentación para que López Rodríguez acuda a rendir su declaración por los hechos.
El excandidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de cohecho en contra de Abelina López Rodríguez, actual alcaldesa de ese municipio.
Según la documentación oficial, la FGE resolvió abrir una carpeta de investigación y solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la documentación que acredita a López Rodríguez como titular del gobierno municipal. La denuncia, fundada en el artículo 283 del Código Penal del Estado, señala que ningún servidor público puede recibir regalos de alto valor económico.
El texto legal establece que “comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, dádiva o presente, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer un acto relacionado con sus funciones”.
Cuando el monto o valor sobrepasa mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la ley contempla penas de seis a 16 años de prisión y multas de 300 a 800 veces la misma unidad.
De acuerdo con la denuncia, la polémica surgió después de que López Rodríguez lució un costoso collar durante una sesión de Cabildo. Tras la difusión de imágenes en redes sociales y medios locales, la alcaldesa declaró:
“¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron. ¿Y les voy a decir ‘no, no te lo acepto’? Yo agradezco su amor y cariño del pueblo”, según consta en el documento presentado ante la fiscalía.
Las acusaciones, según lo ha insinuado la alcaldesa morenista, vienen desde el gobierno del estado o desde el grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.
El 28 de mayo de 2025, López Rodríguez sugirió que lo que llamó la persecución en su contra por parte de la Auditoría estatal era por instrucciones “desde donde se cuidan los perros”, en alusión al refugio canino que fundó Salgado Macedonio. Un mes después afirmó que tras la demanda de revocación de mandato había “fuego amigo”.
El juicio de revocación de mandato fue solicitado el 21 de abril de 2025, por el excandidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, quien también presentó la denuncia por cohecho contra López Rodríguez.
La solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa es por el presunto “incumplimiento de sus obligaciones de manera reiterada” al frente del Ayuntamiento; sin embargo, a finales de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó dos suspensiones a favor de López Rodríguez, una contra esa solicitud.
La otra por la presunta falta de comprobación de 898 millones de pesos, correspondientes a la Cuenta Pública 2023, monto por el cual la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a inicios de junio pasado.
Por estas dos suspensiones el Congreso local se inconformó ante la SCJN. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Jesús Urióstegui señaló en su momento que el recurso de reclamación contra una resolución de la Suprema Corte es porque “no se nos puede limitar el derecho de emitir un pronunciamiento. Tenemos autonomía y estamos en condiciones de seguir con este proceso”.
Pero la alcaldesa también enfrenta otra solicitud de revocación, por un laudo laboral, que presentaron ex 19 trabajadores, por no pagar 177 millones de pesos, y que el Ayuntamiento aseguró que se erogaron para tal fin en 2022, como se dio a conocer en medios locales de comunicación en octubre del año pasado, y que se recibió en el Congreso el 9 de Octubre.
La solicitud fue turnada la Comisión de Examen Previo, para que sea ésta quien determine la procedencia o no del juicio político. El pasado 24 de noviembre declaró improcedente otro juicio de revocación de mandato, presentado por dos trabajadores despedidos en 2006.