La\u00a0Suprema Corte\u00a0emiti\u00f3 tres criterios de\u00a0jurisprudencia\u00a0que protegen a\u00a0periodistas,\u00a0columnistas\u00a0y\u00a0articulistas\u00a0frente a demandas civiles por da\u00f1o moral, y que a partir de hoy son de\u00a0aplicaci\u00f3n obligatoria\u00a0para todos los jueces en el pa\u00eds.<\/p>\n
Estas\u00a0tesis\u00a0que entran en vigor hoy, se derivan del caso del exgobernador de Coahuila\u00a0Humberto Moreira Valdez\u00a0contra el periodista\u00a0Sergio Aguayo Quezada.<\/p>\n
La Primera Sala del M\u00e1ximo Tribunal del pa\u00eds estableci\u00f3 las tesis 126\/2025, 128\/2025 y 127\/2025, que establecen escenarios y est\u00e1ndares jur\u00eddicos de protecci\u00f3n sobre lo expresado en una columna de opini\u00f3n por un periodista, las manifestaciones relacionadas con asuntos de relevancia p\u00fablica y la legislaci\u00f3n aplicable cuando se demanda una\u00a0indemnizaci\u00f3n\u00a0por da\u00f1o moral con motivo del\u00a0ejercicio abusivo\u00a0de la\u00a0libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
En la tesis jurisprudencial 126\/2025, la sala determin\u00f3 que cuando se trata de opiniones puras, juicios de valor que no son susceptibles de verificaci\u00f3n, merecen\u00a0protecci\u00f3n constitucional\u00a0siempre y cuando versen sobre temas de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n
\u201cLa libertad de opini\u00f3n protege la manifestaci\u00f3n de ideas y juicios de valor, los cuales, en principio, por su propia naturaleza no requieren de una demostraci\u00f3n de exactitud o veracidad, y en tanto versen sobre\u00a0temas de inter\u00e9s p\u00fablico, deber\u00e1n entenderse constitucionalmente protegidos\u201d, se\u00f1al\u00f3 en la mencionada jurisprudencia aprobada en julio de este a\u00f1o y publicada el pasado viernes en el Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3: \u201cLa distinci\u00f3n entre hechos y opiniones a veces puede ser compleja, pues en ocasiones el mensaje sujeto a escrutinio es una amalgama entre ambos\u201d.<\/p>\n
Para la\u00a0Primera Sala, existen casos en los que las expresiones de una persona relacionadas con temas de relevancia p\u00fablica pueden generarse, entre otros supuestos, a trav\u00e9s de una opini\u00f3n que aparentemente se basa o se fundamenta en datos f\u00e1cticos.<\/p>\n
En ese sentido, agrega, para determinar si merecen protecci\u00f3n constitucional las opiniones que se relacionan con temas de inter\u00e9s p\u00fablico y cuya formulaci\u00f3n se sustenta en hechos mencionados en la propia columna de opini\u00f3n, debe verificarse alguna de las siguientes\u00a0alternativas: a) si los hechos mencionados son del conocimiento p\u00fablico o pueden ser verificados o b) si los hechos se introducen por primera vez en el propio discurso, construido a partir de la opini\u00f3n y no los puede verificar el p\u00fablico lector\u201d.<\/p>\n
En el segundo criterio, el 128\/2025, la Primera Sala ratifica la real malicia, que establece que el demandante debe acreditar que la informaci\u00f3n publicada es falsa y que el\u00a0medio de comunicaci\u00f3n\u00a0o periodista la public\u00f3 a sabiendas de su falsedad o con total\u00a0negligencia\u00a0en la constataci\u00f3n sobre su veracidad.<\/p>\n
Eso significa que no bastar\u00e1 con alegar da\u00f1o, sino que el demandante deber\u00e1 demostrar falsedad m\u00e1s mala fe o descuido grave en la publicaci\u00f3n que reclame ante un juez por la v\u00eda civil.<\/p>\n
\u201cCuando las opiniones se basan en hechos, la protecci\u00f3n constitucional se mantendr\u00e1 si existe sustento f\u00e1ctico suficiente y diligencia responsable en la verificaci\u00f3n. En ese sentido, la Corte distingue dos supuestos: Si los hechos ya son p\u00fablicos o verificables, la opini\u00f3n que se apoya en ellos est\u00e1, en principio, protegida; pero si el columnista introduce hechos nuevos al\u00a0debate p\u00fablico\u00a0debe demostrar que los busc\u00f3 y verific\u00f3 de forma razonable, y explicar al lector los datos y el contexto\u201d.<\/p>\n
\u201cTrat\u00e1ndose de expresiones relacionadas con asuntos de relevancia p\u00fablica pueden suscitarse tres escenarios a partir de los cuales depender\u00e1 el est\u00e1ndar de revisi\u00f3n aplicable: 1) Las opiniones gen\u00e9ricas, que gozan de respaldo constitucional sin mayor justificaci\u00f3n; 2) Los hechos, que activan lo que se conoce como sistema dual de protecci\u00f3n y dan lugar al criterio de real malicia o malicia efectiva; y 3) Las opiniones basadas en hechos, que demandan una diligencia responsable para corroborar que hay un sustrato f\u00e1ctico suficiente en lo que se informa\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en la jurisprudencia 127\/2025, la Primera Sala precis\u00f3 que la\u00a0legislaci\u00f3n aplicable\u00a0en la Ciudad de M\u00e9xico para los casos por da\u00f1o moral por ejercicio abusivo de la libertad de expresi\u00f3n, es la Ley de Responsabilidad Civil para la\u00a0Protecci\u00f3n del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la\u00a0Propia Imagen, que es especial y posterior, y no el art\u00edculo 1916 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n
\u201cEn la Ciudad de M\u00e9xico existen dos reg\u00edmenes normativos distintos para regular la responsabilidad civil por afectaciones al patrimonio moral dependiendo de su origen: a) Si la acci\u00f3n para reclamar la reparaci\u00f3n del da\u00f1o deriva del ejercicio presuntamente abusivo de la libertad de expresi\u00f3n, la legislaci\u00f3n aplicable es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protecci\u00f3n del Derecho a la Vida Privada (ahora\u00a0Ciudad de M\u00e9xico), el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal; y b) Por exclusi\u00f3n, si la acci\u00f3n tiene como\u00a0punto de partida\u00a0un hecho o acto jur\u00eddico distinto, el marco normativo aplicable es el previsto en el art\u00edculo 1916 del C\u00f3digo Civil de la entidad\u201d, expuso.<\/p>\n
Las tesis jurisprudenciales derivan del amparo que la Primera Sala de la Corte otorg\u00f3 al periodista y acad\u00e9mico Sergio Aguayo Quezada, en marzo de 2022, y que\u00a0revoc\u00f3 la sentencia\u00a0de un tribunal que lo obligaba a pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdez, por\u00a0da\u00f1o moral\u00a0al haberlo criticado en una columna.<\/p>\n
Por unanimidad de votos, los integrantes de dicha sala aprobaron el proyecto de la ministra\u00a0Ana Margarita R\u00edos Farjat, que concedi\u00f3 la protecci\u00f3n de la justicia a Aguayo Quezada, al concluir que la opini\u00f3n expresada en su columna se encontraba protegida por la libertad de expresi\u00f3n y no transgredi\u00f3 injustificadamente el honor de Moreira Valdez, puesto que se bas\u00f3 en hechos de inter\u00e9s p\u00fablico, que fueron investigados de forma diligente y suficiente, y que fomentan la discusi\u00f3n y la formaci\u00f3n de la opini\u00f3n de la audiencia.<\/p>\n
\u201cEsta Primera Sala ha entendido que cuando la libertad de expresi\u00f3n es ejercida por periodistas, es susceptible de alcanzar su m\u00e1ximo nivel de protecci\u00f3n\u201d, se se\u00f1al\u00f3 en la sentencia de amparo.<\/p>\n
Recientemente, algunos casos en los que periodistas y ciudadanos han sido acusados por personajes del\u00a0\u00e1mbito pol\u00edtico\u00a0han acaparado la atenci\u00f3n.<\/p>\n
Por ejemplo, el\u00a0Instituto Electoral de Tamaulipas\u00a0orden\u00f3 el 9 de julio de 2025 el retiro inmediato de la columna Huachicol y poder judicial en Tamaulipas, del periodista\u00a0H\u00e9ctor de Maule\u00f3n, colaborador de\u00a0EL UNIVERSAL, por supuestamente cometer\u00a0violencia pol\u00edtica en raz\u00f3n de g\u00e9nero\u00a0contra\u00a0Tania Gisela Contreras L\u00f3pez, entonces candidata a magistrada estatal y quien ha sido se\u00f1alada de tener v\u00ednculos con una red relacionada con el\u00a0tr\u00e1fico de hidrocarburos. La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n incluy\u00f3 diversas\u00a0sanciones\u00a0contra este medio de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
En Campeche, el periodista\u00a0Jorge Gonz\u00e1lez Valdez\u00a0fue vinculado a proceso en junio pasado, acusado de incitar al odio y a la violencia por el gobierno de\u00a0Layda Sansores. Entre las medidas, se orden\u00f3 el cierre temporal de Tribuna Campeche, medio que dirige el periodista, y aceptar\u00a0censura\u00a0previa a sus publicaciones. Otros tres reporteros tambi\u00e9n fueron obligados por tribunales a ofrecer a la mandataria\u00a0disculpas p\u00fablicas\u00a0por sus opiniones.<\/p>\n
Otro caso es el de la ciudadana Karla Estrella, quien fue obligada a ofrecer disculpas p\u00fablicas durante un mes a la diputada del Partido del Trabajo\u00a0Diana Karina Barreras, conocida ya en redes como\u00a0Dato Protegido, por considerar que sus opiniones cometieron violencia pol\u00edtica en raz\u00f3n de g\u00e9nero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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