De estudiante radical a secretaria de Salud de Evelyn

  • * Diversos personajes partícipes de la guerrilla han ocupado diversos cargos
  • * Archivos ubican la visión del Estado y hechos violentos de guerrilleros
  • * Al morir Genaro y Lucio, la guerrilla se diluyó y todos huyeron

Aureliano Castro López

Segunda parte

Guerrilleros amnistiados por el régimen federal de Luis Echeverría Álvarez y el estatal de Rubén Figueroa Figueroa figuraron años más tarde en la política estatal con cargos como regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores de la República. 50 años después, la historia los coloca en el gabinete paritario de Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Según los expedientes hechos públicos que registró la Dirección Federal de Seguridad que era la policía política del gobierno considerado el más represivo de Luis Echeverría Álvarez ubica a dos funcionarios actuales de Guerrero como miembros activos de la guerrilla en dos épocas distintas.

La primera fue la de la violencia generalizada en contra de la gente pudiente de la época que fue secuestrada y asesinada por comandos guerrilleros que se crearon exprofeso para la acción de liquidar a propios y extraños como la Brigada de Ajusticiamiento.

Los integrantes de la llamada Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, fundado por Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, lo mismo mataban a los personajes públicos cuya característica fundamental era pertenecer a la élite ricachona de la época como ocurrió con casos sonados como el del hijo de la dueña de Farmacias Moderna y la hermana del empresario turístico Marcos Saad.

Entre los compañeros que fueron asesinados por dicha brigada se encuentran Francisco Fierro Loza, al que tildaron de haberlos traicionado porque confesó muchos nombres de los integrantes del grupo selecto de Lucio Cabañas Barrientos, y el otro fue Ignacio Benítez Montero.

El primero fue asesinado a balazos en la colonia del PRI de la capital del Estado y el segundo fue asesinado también a disparos de arma de fuego en la Florida de la Sierra de Atoyac de Álvarez.

En los archivos, la actual secretaria de Salud es señalada como una de las jóvenes más aguerridas de las fuerzas guerrilleras en Acapulco. Junto con su esposo Antonio Rosales Jiménez, primero rechazaron la amnistía del gobierno para estudiar en la Universidad Autónoma de Puebla, pero posteriormente la aceptaron. Ambos formaron parte de un grupo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre los que se encontraban Miguel López Sotelo y Rafael Rosas Maravilla, que se convirtieron en asesores jurídicos (ya amnistiados) de la Confederación Obrera Revolucionaria.

A la actual secretaria de Salud se le consideraba una de las estudiantes más radicales en la preparatoria e incluso se le menciona que, entre 1974 y 1975, subió a la sierra de Atoyac para entrevistarse con los más allegados del jefe guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y de los que recibió instrucciones precisas de lo que se tenía que hacer en Acapulco para causar el caos y la anarquía a través de actos violentos.

Tras la reunión en la Sierra de Atoyac, en Acapulco se incrementaron los asaltos a mano armada contra empresas que circulaban en sus unidades automotrices e incluso contra empresarios de restaurantes, hoteles pequeños y lo que se pudiera para ir acrecentando el poder económico. El grupo que tenían identificado estaba encabezado por Francisco Fierro Loza y Carmelo Cortez Castro.

Tras la ola de secuestros, asesinatos, robos y balaceras contra elementos de la policía preventiva de Acapulco, la policía judicial del Estado y elementos del Ejército Mexicano, el gobierno de la República inicia la peor represión que se tenga memoria en el país. Los primeros en caer son los familiares de los integrantes de la guerrilla que por el simple hecho de apellidarse como los insurrectos eran considerados blancos peligrosos.

Los acontecimientos de violencia provocaron que el estado respondiera con toda la fuerza legal e ilegal disponible. La madrugada del 2 de diciembre de 1974 se dio el último enfrentamiento con tropas militares, iniciándose un tiroteo en la selva cafetalera El Otatal.

Los que quedaron vivos y escondidos en Acapulco y diversas cabeceras municipales de la región de la Costa Grande emprendieron la huida a muchos lugares como la ciudad de México en el entonces Distrito Federal, Morelos, Puebla, Cuba, Sudamérica y hasta Europa.

Dos años antes, había muerto el otro liderazgo del movimiento guerrillero en Guerrero: Genaro Vázquez Rojas.

En los archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al establecer la muerte del profesor de la costa chica, señala que el 2 de febrero de 1972 viajaba en un auto y chocó en una carretera en Michoacán, siendo esta la versión oficial en donde se da a conocer que el impacto generó su muerte.

Sin embargo, existe la versión extraoficial donde sus familiares aseguran que su deceso ocurrió en el hospital Regional militar de Morelia, Michoacán, a manos de militares. Su viuda, Consuelo Solís Morales, señaló en ese entonces que tenía un golpe en la cabeza que parecía un cachazo o culatazo de un rifle.

La opinión pública se enteró de la guerrilla de manera limitada y distorsionada, según los analistas de la izquierda. La censura de los medios ocultó la información relevante, los hechos que se dieron a conocer fueron presentados como nota roja y de policía, ajenos a los problemas sociales y de política nacional.

Esa condición, al menos ocurrió en Acapulco, obligó a los pensadores del movimiento de guerrilla a realizar la contrapartida. Parte del dinero, producto de los secuestros realizados en costa grande y en este destino turístico, fue destinado a pagar los servicios de difusión de noticias y comunicados guerrilleros. Quienes recuerdan esa etapa conocen la historia de un periodista acapulqueño que se tuvo que pasar por muerto para evitar sufrir el camino que establecían los códigos de aquella Brigada de Ajusticiamiento.

La información aquí publicada forma parte de un proyecto denominado “Archivos de la Represión” que es un esfuerzo de la sociedad civil que tiene como objetivo contribuir al derecho a la verdad y memoria del periodo de represión y violencia sistemática por parte del Estado entre 1950-1980 en México.

El acervo consta de 310, 000 documentos oficiales fotografiados, cuyos originales se encuentran en el Archivo General de la Nación. Dicha colección fue donada por la excomisión de la Verdad (COMVERDAD) de Guerrero a ARTÍCULO 19.

Los documentos preservados fueron en su mayoría producidos por agencias gubernamentales como Dirección Federal de Seguridad (DFS), Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), Secretaría de la Defensa Nacional y otras organizaciones policiacas.

Las fechas de producción abarcan la década de los años 50 a los 80 del siglo XX, en las cuales se contextualiza una de las etapas de represión por parte del Estado mexicano. Todos estos datos y más pueden ser consultados en la página https://archivosdelarepresion.org/

 

 

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