Tiene crisis de homicidios una cuarta parte del país

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Carlos Carabaña

El Universal / Periodismo de investigación

Ciudad de México.- En el año del Culiacanazo —el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán—, los 31 asesinados del bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz; la aparición de 19 cadáveres en un sólo día en Uruapan, Michoacán, y la masacre de la familia LeBarón, los homicidios en México se concentraron en zonas concretas del territorio nacional.

En 2019, durante los 365 días más violentos en el país desde que se tiene registro, siete de cada 10 asesinatos se concentraron en la cuarta parte de los municipios.

De acuerdo con un análisis realizado por EL UNIVERSAL, de las 30 mil 330 carpetas de investigación iniciadas por homicidios y feminicidios en cada uno de los 2 mil 457 ayuntamientos del país, 20 mil 111 de ellas se concentraron en 646 ayuntamientos.

Estas demarcaciones son las que superaron la media de indagatorias; se reportan 24 por cada 100 mil habitantes. Este número es menor a las 35 mil 588 víctimas anunciadas estos últimos siete días, ya que una carpeta puede contener varios homicidios.

Utilizar este indicador permite tener una mejor comparación de la problemática de los asesinatos en el país y muestra que en estas localidades se abrieron en promedio durante 2019, 52 investigaciones por este delito, casi tres veces más de lo que en el resto del país.

“Tengo muchas dudas respecto a las diferencias en política de seguridad que dice tener el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la de otros sexenios”, reflexiona Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad de Coahuila, doctor por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en seguridad pública.

“Sí hay una parte de transferencia directa a las comunidades en forma de programas sociales, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, pero esto puede ayudar en 15 o 20 años.

“No obstante, en las estrategias a corto plazo, no veo las diferencias. Por ejemplo, la Guardia Nacional es un cuerpo militar disfrazado de policía y con un despliegue, estructura y elementos de la Policía Federal y se comportan igual, sin mucha inteligencia detrás y con violaciones a los derechos”, explica.

Para Raúl Zepeda, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y que ahora cursa su doctorado en la Universidad de Oxford, aunque exista una continuidad con las políticas de sexenios anteriores, sí se ven algunas diferencias remarcables.

“Por un lado, el presidente ha decidido no usar como estrategia las reacciones excesivamente letales contra las organizaciones criminales, pero el problema es que no hay un reemplazo; es decir, si la Guardia Nacional se encuentra con un tiroteo en Tamaulipas, no va a disparar en abundancia, pero no sabemos qué va a hacer para controlar el evento”, detalla.

Otra gran disimilitud que señala es la desaparición de una lista de los más buscados y las capturas prioritarias: “Sí parece que no es intención del gobierno sacar cada tres meses un gran capo capturado, pero tampoco queda claro que haya un reemplazo por nuevas estrategias”, asevera.

Donde sí ve una misma política es en el campo de la comunicación. “El expresidente Enrique Peña Nieto no hablaba del tema, y es lo mismo que hace López Obrador. En el caso del primero, su respuesta era: ‘Lo estamos tratando’; con el segundo es: ‘Lo estamos tratando en las reuniones de las 6:00 horas del gabinete de seguridad’”, indica el maestro en Ciencia Política.

Concentración de casos

Entre los 646 municipios, 62% de las 20 mil carpetas de investigación se concentraron en Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Baja California. En este último estado, cuatro de sus cinco ayuntamientos están por encima de la media nacional.

Lo anterior es una distinción que comparte sólo con Colima, donde sus demarcaciones superan esa métrica. En estas dos entidades todos sus municipios tienen una tendencia al alza desde 2014, primer año del que están disponibles los datos a escala local.

A pesar de que los homicidios tienen una complejidad que hace que rara vez suban o disminuyan sus números de manera constante, al calcular las tasas anuales de carpetas de investigación y analizar su tendencia año con año, se detectan no sólo las localidades donde los asesinatos se mantienen elevados, sino también aquellos donde la incidencia va al alza o a la baja.

En ocho estados se encontró que más de 80% de sus ayuntamientos presentan incidencias al alza, sin haber un freno en el aumento en los asesinatos desde 2014.

En Tabasco, la entidad natal de López Obrador, la mayoría de las tasas de homicidio municipales están por debajo de la tasa nacional, pero muchas de sus demarcaciones muestran una tendencia que crece ininterrumpidamente.

Lo mismo sucede con la Ciudad de México, donde las tasas no son por mucho mayores que la nacional, pero 15 de las 16 alcaldías tienen una incidencia que crece.

Morelos muestra un comportamiento preocupante: en 90% de sus municipios cada año se registran más asesinatos y sus tasas de carpetas de investigación superan por mucho la media nacional.

“Este estado importa, ya que es el camino de salida de Guerrero y la amapola; además, se disputan la zona varios minicárteles, como Los Rojos, Guerreros Unidos y algunos remanentes de la Familia Michoacana contra una organización grande como es el Cártel Jalisco Nueva Generación”, asegura el investigador Víctor Sánchez.

Para él, este esquema de bandas pequeñas, que parecerían más manejables, representa un mayor peligro que el de las macroorganizaciones del crimen.

“Los cárteles grandes se permiten ceder territorio sin desaparecer, pero las más pequeñas, que su supervivencia depende de un espacio, luchan a muerte”.

Demarcaciones prioritarias

Tanto Peña Nieto como López Obrador marcaron una lista de municipios prioritarios. En septiembre de 2016, el expresidente priista anunció que desplegaría una nueva estrategia de seguridad en 50 localidades que concentraban 42% de los homicidios de ese año, mientras que el actual mandatario, en febrero de 2019, dijo que reforzaría las 17 regiones prioritarias, formadas por 47 ayuntamientos en los que había un reporte de mayor incidencia delictiva.

Analizando qué ocurrió después, de los 50 que enlistó Peña Nieto, 13 bajaron en número de carpetas de investigación por homicidio y feminicidio; cuatro se mantuvieron prácticamente igual y 33 subieron.

Con López Obrador, 24 zonas bajaron los números de casos; 11 permanecieron estancadas, mientras que en 12 se elevaron.

Tras advertir que no es muy amigo de los vaticinios, el académico Zepeda argumenta que lo más probable es que lo que sucedió en 2019 vuelva a pasar en este año.

“Habrá mucha violencia, veremos tropiezos de las agencias de seguridad y una administración reactiva, que esperará a que los problemas pasen y luego tratará de resolverlos”, expone.

Pide tratar con cuidado las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que, al estar fundamentadas en pesquisas, siempre reportan menos homicidios que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que están basadas en las actas de defunción.

En el año 2018, por ejemplo, el secretariado detalló que hubo 34 mil 202 víctimas de asesinatos, pero cuando llegaron las cifras del INEGI, habían registradas 36 mil 685 actas, una diferencia de más de 2 mil asesinados en México.

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