Se lanzan acusaciones en inserciones por caso Petatlán

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En sendos desplegados, pagados como inserción en el periódico Reforma, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y habitantes de Petatlán se lanzaron acusaciones sobre los hechos ocurridos en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo donde, en dos ocasiones, han sido incendiadas seis unidades automotoras y se ha causado bloqueo carretero.

El pasado lunes, el periódico de circulación nacional publicó el primer desplegado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador en que se señala que en ese municipio de la costa grande “la ingobernabilidad, injusticia y violación a los derechos humanos es lo que prevalecen esta zona, así como en los pueblos aledaños, al exigir la autonomía municipal de nuestra seguridad pública la cual ha sido tomada por el crimen organizado”.

En el texto, publicado a una plana del periódico de circulación nacional, acusan al gobernador de violar el artículo 115 constitucional al imponer a sus mandos policiales sobre la policía local. “Éstos, a su vez reciben instrucciones de los capos Crescenciano Arreola, alias “El Chano Arreola”; Hugo Maldonado, alias “El H” y Norberto Maldonado, alias “El Beto Maldonado” para adueñarse de los territorios municipales y tener el control de Guerrero”.

“Estos probables delincuentes y sus cómplices se hacen pasar como integrantes de la policía comunitaria denominada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero para engañar y delinquir, favorecidos por el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de seguridad pública, David Portillo, pese a conocer los antecedentes criminales de estos capos reciben protección de parte de los funcionarios”.

“Por tal motivo, le hacemos un llamado como presidente de la república, al secretario Alfonso Durazo, así como a la secretaría de la defensa nacional, la secretaría de marina y la Guardia nacional para que haya seguridad y nos protejan”.

“Los habitantes de Petatlán vivimos con miedo, son constantes los asaltos, asesinatos, secuestros y hechos violentos en la zona donde Crescenciano Arreola, alias “El Chano Arreola”; Hugo Maldonado, alias “El H” y Norberto Maldonado, alias “El Beto Maldonado” reciben apoyo de la policía estatal y de su director Pedro Castro Muñoz”.

En el texto, los supuestos habitantes de Petatlán señalan que “el primero de noviembre, de forma pacífica, salimos a las calles para manifestarnos por las actuaciones arbitrarias de nuestras autoridades, sin embargo, recibimos represión por parte de los policías estatales encabezados por Pedro Castro Muñoz, esto a pesar de la presencia de niños, mujeres y personas adultas, argumentando que nosotros somos los delincuentes”.

Empero, en el escrito no se describen los camiones incendiados sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo ese mismo día ni tampoco aseguran que entre los presuntos protestantes se encontraba gente que operó el bloqueo carretero, y no dentro de la localidad como dicen, con armas de uso exclusivo del Ejército y fuerzas armadas.

Finalizan pidiéndole la intervención del presidente de la República ya que “la tranquilidad de las familias está en sus manos”.

La inserción pagada, difundida como desplegado, está firmada anónimamente por “los habitantes de Petatlán” y el responsable de la publicación del escrito dijo llamarse José Guadalupe Gutiérrez Ramírez.

La versión de la Secretaría de Seguridad Pública

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero acusó que desde el 30 de octubre, se obtuvo información respecto a que un grupo de personas que obedecen a los intereses de Oliver Sánchez Coria (a) El Ruso, jefe de la autodenominada Guardia Guerrerense, pagarían entre 500 y mil pesos por cada persona que participara en la marcha/bloqueo para exigir la salida de las autoridades policiales federales y estatales.

El 1 de noviembre, habitantes de las comunidades de El Patacual, La Tigra, El Anonal, La Ciénega, Los Llanos, La Piedra de Veliano y san Jeronimito, encabezados por Leovogilda Chávez Hernández, efectuaron una marcha y bloquearon la carretera federal 200 Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Palos Blancos, para exigir la salida de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional de su municipio.

Los delegados de gobierno del Estado implementaron los protocolos de diálogo con los manifestantes para hacerles saber que incurrían en un delito del orden federal, afectando a terceros.

El diálogo fue rechazado por los líderes, a quienes se les dijo que ante su negativa la Policía del Estado implementaría sus protocolos y que, mediante el legítimo uso racional y proporcional de la fuerza, procedería a la liberación de la carretera federal 200.

El desalojo se hizo legalmente. Además, un gran número de turistas con niños, niñas y personas de la tercera edad, reclamaban su derecho al libre tránsito. Igual exigencia plantearon conductores de autobuses, ambulancias, automóviles particulares y camiones con artículos perecederos, entre otros.

Iniciada esta acción, un grupo aproximado de 40 personas que acompañaban a los manifestantes se apoderaron de dos autobuses de pasaje y un tractocamión. Desalojaron a sus conductores con violencia y obligaron a los pasajeros a descender. Atravesaron estas unidades en la carretera federal procediendo a incendiarlas para amedrentar a los cuerpos policiales.

Se detuvo a dos hombres y una mujermayores de edad, quienes ese mismo día fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, iniciando la carpeta de investigación correspondiente y en su oportunidad fueron vinculados a proceso. Actualmente se encuentran en prisión preventiva justificada en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, a disposición de un juez de control federal.

El viernes 8 de noviembre el grupo de delincuentes realizó un segundo evento en el mismo punto carretero. Nuevamente, con lujo de violencia se apoderaron de tres unidades: un tractocamión, un camión recolector de basura y un autobús. Bajaron a conductores y pasajeros, amenazándolos con armas de fuego para presionar a las autoridades a fin de liberar a los tres detenidos. Los vehículos fueron atravesados en la carretera e incendiados.

En esta ocasión fue detenida otra persona del sexo masculinopor participar en los hechos, quien portaba un arma de fuego y quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Se decretó legal su detención y se le vinculó a proceso. Está actualmente recluido con prisión preventiva oficiosa.

Durante 2018 y 2019 personal de las Secretarías General de Gobierno, de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado han sostenido 14 reuniones sobre seguridad pública en el Ayuntamiento de Petatlán. Han asistido personas del grupo inconforme, el presidente municipal, Esteban Cárdenas Santana, la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena, dada la inestabilidad que prevalecía en su municipio. Como consecuencia y a petición del Presidente Municipal, la Policía del Estado y la Sedena se hacen cargo de la seguridad en el municipio.

Si bien el artículo 115 de la Constitución de la República reviste de autonomía propia a los municipios, tratándose de seguridad pública ésta compete a los tres órdenes de gobierno. Las funciones de la policía municipal son de orden preventivo, coordinadas con las corporaciones estatales y federales.

El Gobierno del Estado ha asumido su responsabilidad en el tema de la Seguridad Pública en la región de la Costa Grande, privilegiando el respeto a los Derechos Humanos, realizando las acciones necesarias y, en su caso, poniendo a disposición de las autoridades competentes a quienes transgredan la ley. Se continuarán realizando operativos para disuadir conductas antisociales. 

Cabe hacer mención que en el texto de la SSP de Guerrero, en respuesta al primer desplegado, no se menciona respuesta alguna sobre las acusaciones sobre las presuntas vinculaciones de los mandos policiacos con los tres personajes que son señalados de pertenecer a la delincuencia organizada y que controla a la policía estatal.

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