Textos y claves

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Miguel Ángel Arrieta

Ángel Aguirre, sordera oficial; germen que procreó Iguala-Ayotzinapa

La noche del 26 de septiembre del 2014, quedó grabada en la memoria de los habitantes de la ciudad de Iguala como una escena interminable de miedo, lamentos y tragedia. Entre las 23:15 horas y los primeros treinta y cuatro minutos del día 27, la cuadricula urbana fue zona de cacería humana.

A casi cinco años, las voces aún se manifiestan como susurros cuando relatan la persecución que atestiguaron impotentes desde ventanales cerrados y portones silentes; -los estudiantes corrían, ensangrentados algunos de ellos, por Galeana, Aldama y Juan Álvarez. Las torretas de patrullas incubaban un tétrico resplandor.

Voces desesperadas y gritos de auxilio terminaban ahogados por el estruendo de motores y sirenas de las camionetas de seguridad pública municipal. Nadie sabía que pasaba pero todos se guardaron para alejarse de cualquier amenaza.

-¿No que muy cabrones hijos de la chingada?, ¡ahora se aguantan chamacos putos!, espetaba un uniformado municipal a un grupo de diez jóvenes que pedían una ambulancia en Periférico Norte.

En conjunto, fueron 120 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa los que se trasladaron la tarde noche del 26 hasta Iguala con la intención de secuestrar camiones foráneos y botear para dirigirse posteriormente a la Ciudad de México.

Las investigaciones sobre la desaparición de 43 de esos alumnos de primer semestre, apuntan hacia un episodio en el que los estudiantes fueron rafagueados por policías municipales de Iguala, luego de que se opusieron a ser detenidos. Ya sometidos, los jóvenes fueron subidos a patrullas de la corporación local y los agentes terminaron entregándolos a sicarios del grupo Guerreros Unidos.

Pero esos hechos apenas representan la punta de la madeja; el seguimiento de las averiguaciones reveló que esa organización delictiva operaba con toda libertad en Iguala bajo el visto bueno del alcalde perredista José Luis Abarca, y la red de intereses de Guerreros Unidos mantenía en nómina a jefes policiales, comandantes, agentes, funcionarios de Gobernación municipal, e Iguala prácticamente era su centro operativo para controlar el trasiego de amapola desde la Sierra guerrerense hacia los estados de Morelos, México y Ciudad de México.

Iguala es la tercer ciudad de Guerrero con mayor potencial económico, por lo que las indagatorias también atendieron la línea de investigación sobre el porqué el gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero, del PRD, manifestó un grado de descomunal pasividad ante la presencia de una organización que sepultó el estado de derecho y significaba un peligro latente hacia la estabilidad social de toda la región Norte de la entidad.

Después de todo, el control de Iguala implicaba el secuestro de una comarca integrada por Teloloapan, Cocula, Tetipac, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco, Huitzuco, Copalillo, Buenavista de Cuellar, Apaxtla de Castrejón, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Ixcapuzalco, Atenango del Río, Cuetzala del Progreso y Acapetlahuaya.

De ahí que cuando el ex gobernador Ángel Aguirre plantea su reinserción a la política desde la piedra angular de su inocencia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, se aprecie una reiterativa intención para definir que no tuvo responsabilidad directa en los hechos, y una disimulada intención para evadir que la crisis del 26 de septiembre del 2014 fue resultado de la sordera oficial que asumió su gobierno ante la dimensión desbordante que adquirió la presencia del crimen organizado durante su administración.

De hecho, Ángel Aguirre pretende inducir la percepción de que a él no se le acusa de ser ejecutor, pero se le olvida que sí se le responsabiliza de apadrinar el espectro protector del problema que dio origen a la cacería inmisericorde de estudiantes, cuando se supone que el gobierno dispone de los medios de inteligencia para proveerse de información que le permita identificar puntualmente el contexto real del estado.

En el fondo, el fracaso del gobierno de Aguirre que lo llevó a la separación del cargo un año antes de concluir su periodo constitucional, obedece a que su estructura de control político, de la que formaban parte todos los activos del PRD incluido el entonces alcalde José Luis Abarca, observaba al entonces gobernador como una figura alejada del ejercicio de gobierno que delegó en su parentela el control de la administración estatal, mientras él, Aguirre Rivero, se entregaba a los placeres del poder.

En todo caso, el historial de Aguirre ligado a la represión oficial no inicia con la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa: cuando se desempeñó como Gobernador interino priista en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, destituido por la matanza de aguas Blancas, Ángel Aguirre operó para proteger a Figueroa como responsable de la masacre de campesinos. En ese mismo periodo, ocurrió el asesinato colectivo de trece personas en la comunidad de El Charco, y Aguirre también hizo mutis.

Al final de cuentas, el exgobernador sabe en qué terreno se mueve. El reinicio desde cero de las investigaciones sobre los 43 desaparecidos en Iguala no lo inquieta en lo más mínimo: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard lo apadrinaron en 2010 para ser candidato a gobernador y se convirtió en leal colaborador de esos personajes. Hoy, sus padrinos están en la cúspide del poder.

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