Dejan sin efecto captura de hermana de Abarca

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Ciudad de México.- Un juez federal dejó sin efecto la orden de aprehensión librada contra la hermana y un cuñado de José Luis Abarca, ex Alcalde de Iguala, por presuntamente formar parte de la organización criminal Guerreros Unidos y lavar dinero en la compra de 31 inmuebles.

Rosa Montaño Martínez, Juez Décimo Quinto de Distrito en Amparo Penal, concedió a Rosalía Abarca Velázquez y su marido Cirilo Lara Brito un amparo para volver a analizar si debe o no continuar vigente el mandato judicial que los mantiene prófugos de la justicia.

Desde el 6 de octubre de 2017, el juez federal Enrique Vázquez Pérez ordenó las aprehensiones de la pareja, así como de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Éstos últimos se encuentran procesados, pero Rosalía Abarca y Cirilo Lara se dieron a la fuga y tramitaron un amparo.

La juez Montaño concedió a los evadidos el recurso y protección de la justicia porque, en su opinión, el juez Vázquez sólo argumenta jurídicamente los delitos y la probable responsabilidad del ex Edil de Iguala y su esposa, pero no de los quejosos.

“En ese contexto, resulta claro que el juez responsable vulnera el derecho humano de los hoy quejosos de seguridad jurídica, ya que por una parte en el considerando relativo al cuerpo del delito, precisó que el ilícito en las modalidades que ahí se estableció se atribuyeron, entre otros, a los aquí quejosos”, dice el fallo.

“Empero, posteriormente señaló que sólo lo analizaría por José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa”.

El fallo ya fue impugnado por la Fiscalía General de la República y, en caso de ser confirmado, su efecto será que el juez de la causa decida con libertad de jurisdicción si ordena o no las dos aprehensiones, pero esta vez analizando si existen pruebas del ilícito y la probable responsabilidad de cada uno de ellos.

La FGR incluye en su acusación seis testimonios, uno de los cuales señala que la hermana de Abarca y su marido eran una maestra y un comerciante de posición económica modesta que, de la noche a la mañana, se hicieron millonarios.

De vivir en la Colonia Centro de Iguala, pasaron a ser dueños del colegio privado Centro de Estudios Benemérito de las Américas, Asociación Civil, así como de casas, departamentos, negocios de farmacias, joyerías, el condominio Tamarindos, un estacionamiento y propiedades en Chilpancingo y Taxco.

“Los tenían porque eran prestanombres y controlaban productos y actividades relacionados con los Beltrán Leyva y después con los Guerreros Unidos, … se dedicaban a amenazar a la gente para que no denunciaran”, dice uno de los testimonios.

Según el oficio PGR/UEAF/DGAF/371/2016, en el 2011 la pareja adquirió dos inmuebles con valor de 749 mil 88 pesos; del 2006 al 2014, compraron otros 24 por un monto de 6 millones 528 mil 976.91 pesos, y 5 inmuebles por 1 millón 52 mil 814 pesos.

Los 31 inmuebles tienen un valor total de 8 millones 330 mil 878.91 pesos, aunque el precio corresponde al registrado en el catastro, por lo general menor al comercial.

Según la FGR no existe registro de que haya reportado estas operaciones de compra venta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pese a que los últimos cinco fueron pagados con depósitos bancarios.

Según el SAT, el importe del Impuesto sobre la Renta no pagado al fisco federal por el ejercicio de 2012 asciende a la cantidad de 2 millones 798 mil 305.53 pesos.

La investigación también detectó que de 2009 a 2014, uno de los acusados registró movimientos bancarios por 19 millones 145 mil 635 pesos con cuatro empresas, una de ellas denominada Novedades y Diseño Pondero S. A. de C. V.

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