¿Quién tiene la razón, la ministra o la secretaria de Gobernación?

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Esteban Valdeolívar Sánchez

Esteban Valdeolívar Sánchez

Olga Sánchez Cordero acusó que es inconstitucional la ley por la que se le permite al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, ampliar su mandato de dos a cinco años.

Sánchez Cordero dijo que no intervendrá en el proceso para no violar la autonomía del Congreso local que aprobó casi por unanimidad la modificación a la Constitución estatal.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que, “en su opinión por supuesto que es una reforma inconstitucional”, pero como secretaria de Gobernación tiene que ser respetuosa del Congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y, por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte”.

La titular de la política interior del país, tras ser cuestionada sobre la viabilidad de la propuesta del presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sobre la disolución de poderes en Baja California, contestó que la única vía legal para impedir que Bonilla extienda su mandato es mediante la interposición de medios de impugnación y acciones de inconstitucionalidad.

Como ciudadanos observadores del grave atropello de los “diputados locales” bajacalifornianos que aprobaron la ampliación de mandato constitucional de dos a cinco años de gobierno, sabemos que varios partidos presentarán impugnaciones ante la SCJN, así como demandas de juicio político que sustentan en los artículos 108 y 110 de la Carta Magna y los relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su Artículo 7, fracción quinta.

Tenemos conocimiento que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó en contra de la decisión del Congreso de Baja California de reformar su Constitución para ampliar el mandato en esa entidad, de dos a cinco años, del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.

Es indudable que esta burda, rupestre e ilegal maniobra de los “diputados locales” es un intento de torcer la voluntad popular expresada por los votantes en las urnas, independientemente del partido que resultó triunfador en las elecciones, con un tufo y hedor corruptor de presunta compra de conciencia y voluntad a los legisladores en un millón de dólares.

Todo esto, ya en el período constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a la ofensiva “bateó” el tema en la mañanera y a la defensiva dio “base por bola” al Congreso Local de Baja California, en este juego estelar que se acerca a su primera entrada de seis en el que veremos “bateando” al “big sluger” del equipo presidencial. Como siempre, usted tiene la mejor opinión.

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