Textos y claves…

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Miguel Ángel Arrieta Martínez

Coordinación Fiscalía-Guardia Nacional; ausencia de alcaldes

Miguel Ángel Arrieta Martínez

La camioneta con colores y logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilapa, circulaba lentamente en las calles del centro de la población desde las primeras horas de la mañana. Los agentes policiacos que se trasladaban en el vehículo almorzaban casi todas las mañanas en el mercado municipal.

Pero después del mediodía incursionaban en la periferia y se estacionaban sobre la terracería de caminos polvorientos por los que bajan comerciantes y productores hacia la cabecera del municipio. Ahí vigilaban quien entraba o salía de la agreste sierra chilapeña. Detenían vehículos “para revisión” y realizaban llamadas continuamente desde sus teléfonos celulares.

Los cuatro agentes que se trasladaban en la patrulla 029 instalaban su retén en las diferentes rutas que enlazan a la población con decenas de pequeñas comunidades localizadas en una zona identificada por pertenecer al territorio de trasiego de enervantes que se disputan encarnizadamente los integrantes de Los Rojos y Los Ardillos.

De hecho, Chilapa se ubica en la geografía amorfa de La Montaña guerrerense por la que atraviesan rutas de miedo utilizadas por grupos criminales para trasladar drogas hacia los estados de Puebla, Morelos y Ciudad de México. Desde hace diez años aproximadamente, dejó de ser aquel cautivador pueblo que conservaba la ancestral costumbre de albergar uno de los últimos tianguis indígenas del sur de México.

El ceremonioso repique de las campanas de su imponente Catedral, y la bullanga de plaza en domingo casi se han extinguido. Ahora, para instalarse en el tianguis de fin de semana, los artesanos y jornaleros que bajan con sus recuas cargadas de hortalizas, granos y esencias aromáticas, deben pagar cuota a los “administradores” de la plaza, quienes cuentan con el apoyo de agentes como los de la unidad 029.

El problema para los municipales fue que su modus operandi motivó una serie de llamadas anónimas a Chilpancingo. La denuncia fue seguida por agentes de la Fiscalía Regional de Guerrero. En coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, se trasladó equipo de detección digital especializado hacia Chilapa.

Por medio de escaneo del espectro electrónico se verificó a quien rendían información los cuatro agentes.

Los agentes ministeriales de la Fiscalía y los efectivos militares planearon el operativo. Dejaron que los elementos de la patrulla 029 desarrollaran su rutina sin preocupación.

La decisión de detenerlos se tomó nueve días de que la Fiscalía inició la investigación: la ocasión se presentó cuando los policías se reunieron con cinco civiles sospechosos en la colonia Las Palmas. Los policías municipales no tuvieron tiempo de reaccionar. Ahí mismo se les aseguraron cuatro pistolas tipo escuadra, tres fusiles con cargador y cartuchos, 171 cartuchos útiles calibre 50, cuatro teléfonos celulares de distintas marcas, marihuana empaquetada y 62 bolsitas con polvo blanco con características propias de la cocaína.

Los policías municipales fueron identificados como Baldomero “N”, Fernando “N”, Fabián “N” y Mireli “N”. Los civiles quedaron registrados como Abisaid “N”, Yesenia “N”, Mario “N” y dos menores de edad, todos ellos probablemente vinculados al grupo delictivo de “Los Rojos” encabezados por Zenón Nava.

La parte más lamentable de estos hechos radica en la comprobación del grado de contaminación que envuelve a las instituciones de seguridad pública. Lo de Chilapa no es un caso aislado: lo peor es que los presidentes municipales se cruzan de brazos y se arraigan en el discurso de que los ayuntamientos nada pueden hacer contra el crimen organizado.

Hasta ahora no existe indicios de que los alcaldes entiendan que la aprobación de la reforma constitucional que da origen a la Guardia Nacional no es el único punto de partida para enfrentar la oleada criminal registrada en territorio nacional: la creación de este cuerpo es apenas parte de una estrategia que denota uno de sus puntos más sensibles en el compromiso que asuman gobiernos estatales y ayuntamientos en lo que viene.

Por el contrario, prevalecen rastros de que los alcaldes tienden a eludir una participación directa en el tema de encarar a la violencia con elementos reales.

En gran medida, la crisis de seguridad pública se cimenta en dos realidades: la corrupción que domina fuerzas policiales municipales y la ausencia de una estrategia presupuestal de los ayuntamientos, que les permita uniformarse tecnológicamente con el equipo operado por la Fiscalía guerrerense y fuerzas federales.

Después de todo, la paradoja real en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024 no se localiza en la incorporación de agentes militares y navales; sino en la carencia de una visión para lograr que policías federales, estatales y municipales conformen un frente único, sólido, para detener el avance de un crimen altamente evolucionado.

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