Bajo Fuego

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José Antonio Rivera Rosales

El robo a la nación

Iniciada por el gobierno de López Obrador, la operación contra el robo de combustible será la punta de la madeja que permitirá atacar, de una vez por todas, el arraigado fenómeno de corrupción que involucra a gran parte de la casta dorada de Petróleos Mexicanos.

Hablamos de la delincuencia de cuello blanco que al menos en los últimos tres sexenios ha sangrado a esa paraestatal que durante unos 30 años fue uno de los principales soportes financieros de la economía mexicana, la cual mucho tiempo estuvo petrolizada.

Aunque es verdad que los operadores gubernamentales de AMLO se vieron novatos para calcular lo que sucedería con el cierre de los ductos de Pemex, lo cierto es que se trataba de una decisión que de ninguna manera podía postergarse para rescatar a la paraestatal de los apátridas que la estaban expoliando, en uno de los mayores robos a la nación que se hayan conocido.

La consecuencia de la novatez y del trato displicente dado a esta grave problemática es el desabasto que ha afectado a una decena de estados del país así como a la Ciudad de México, lo que ha causado múltiples protestas ciudadanas.

De acuerdo con la información que ha trascendido al llamado círculo rojo, la sangría de Pemex ha estado presente por lo menos en los tres últimos sexenios, cuando comenzaron a detectarse tomas clandestinas.

Información proveniente de la disidencia del sindicato petrolero dan cuenta de que durante el gobierno de Vicente Fox se detectaron 213 tomas clandestinas, cifra que aumentó a un mil 635 con Felipe Calderón y a ¡10 mil 363 en el gobierno de Enrique Peña Nieto!

Sin embargo, aunque pudiera parecer grave, las mismas fuentes aseguran que el robo de combustible externo, al que se conoce como “huachicoleo”, constituye apenas el 20 por ciento del robo total de combustible.

El 80 por ciento del robo de gasolina, que tan sólo en 2018 causó daños a la economía por 60 mil millones de pesos, proviene de una bien organizada estructura interna prohijada por altos funcionarios de los últimos tres sexenios: de Fox y Calderón pero, sobre todo, de Peña Nieto.

Hasta donde se tiene conocimiento, altos directivos de Petróleo Mexicanos participaron de la riqueza mal habida, en colusión con cientos de empleados de confianza arropados por muchos otros sinvergüenzas del sindicato petrolero.

¿Acaso es por nada que el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps solicitó amparo de la justicia federal contra jueces de distrito, contra la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal Ministerial (PFM), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otras instancias persecutorias?

Ese infame líder es una de las piezas claves de esta investigación con la que López Obrador parece haber agotado su modo de borrón y cuenta nueva, lo que permite inferir que una importante plantilla de funcionarios y exfuncionarios serán enjuiciados por la nueva administración.

De momento, el presidente dijo que no hay ninguna denuncia contra el dirigente petrolero, pero quizá lo dijo para no alertar el avispero antes de tiempo. Porque con seguridad una de las defensas de Romero Deschamps sería movilizar el poderoso sindicato de trabajadores de Pemex que, a su vez, podrían simplemente detener la actividad de refinerías y estaciones de abastecimiento y bombeo. Nada más.

En sentido contrario a las palabras del mandatario, disidentes sindicales aseguran que existen al menos media docena de denuncias interpuestas desde 2006. La última denuncia fue levantada ante el Ministerio Público Federal en agosto de 2018.

Según estos disidentes petroleros, tan sólo los desvíos de Romero Deschamps han causado daños al gremio sindical -una de las organizaciones gremiales más poderosas de América Latina- por 5 mil millones de dólares. Imaginen pues, estimados lectores, el daño a las arcas de la nación causado por el robo de gasolina de los últimos 20 años.

Si el daño al sindicato petrolero presuntamente causado por Romero Deschamps alcanza los 5 mil millones de dólares, podemos imaginar que el daño a las arcas públicas pudieran ascender por lo menos al doble de esa cantidad, es decir, más de 10 mil millones de dólares.

Este saqueo, sin embargo, jamás pudo ocurrir sin el consentimiento de los gobiernos criminales de Fox, Calderón y Peña Nieto, que por ese hecho debieran ser juzgados por alta traición.

Según información confiable, los directores generales de Pemex estaban al tanto de la gasolina robada a través de una red de tomas alternas instalada al interior de las plantas de distribución de la dependencia, que es por donde se traficaba el 80 por ciento del robo total de combustible. Y nunca, ninguno de ellos, procedió a denunciar los hechos.

Si López Obrador ya abrió la Caja de Pandora, su obligación con el pueblo mexicano debe impulsarlo a seguir hasta el final, sin importar quién esté involucrado.

Sin mayor tardanza podemos colegir que, dadas las informaciones que han trascendido, están involucrados altos directivos de la paraestatal de los tres gobiernos anteriores, personal de confianza, personal de seguridad, trabajadores sindicalizados y, claro, el crimen organizado encargado de comercializar el producto dentro y fuera del país.

Ello, sin contar con las decenas de estaciones de venta de gasolina al público, que vendían gasolina legal e ilegalmente. Es decir, eran parte de la cartera de clientes de la gasolina robada. Esas estaciones deben ser clausuradas obligatoriamente (habrá que ver quiénes de los concesionarios de Guerrero estarían involucrados).

Vista la dimensión del robo a la nación y los cientos de actores involucrados, el escándalo de la Estafa Maestra (desvío de recursos federales de Sedesol) o la Casa Blanca de Peña Nieto, parecen juegos de niños ante los miles de millones de dólares robados por estos bandidos de cuello blanco.

López Obrador tendrá la oportunidad de demostrar de qué está hecho: es decir, si le cumple o no al pueblo mexicano, o resulta ser un fracaso total.

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