El voyerista

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Alfredo Guzmán Espinoza

¿Crisis en seguridad pública?

La seguridad interior depende de todos, pero por ley, será el ejército quien la resguarde y el presidente, quien lo convoque.

Es evidente que la Seguridad Pública en el país ha entrado a una condición de debilidad, generada por diversas circunstancias, pero principalmente por el crecimiento de la demanda de drogas en los EEUU y el fortalecimiento de cárteles mexicanos, que se apoyan en autoridades policiacas corruptas, que se benefician con medrar con el dolor humano y la existencia de rezagos sociales históricos que han generado mano de obra barata en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente.

Con el propósito de encontrar una solución al drama de inseguridad que vivimos los mexicanos, el aún presidente de México, Enrique Peña Nieto, promovió la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada en noviembre del 2017. En esa ley, se pretendía regular y legalizar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de Seguridad Pública.

Hoy esa ley fue rechazada por 6 ministros de 11 que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Si hoy jueves que seguirá su proceso de revisión, dos Magistrados más la rechazan, esa ley podría considerarse abrogada y será regresada a su origen, para su revisión y modificación correspondiente.

Cabe recordar que al gobierno de Peña Nieto le quedan escasos 10 días de vida y el nuevo gobierno, no la defenderá. Sobre todo, porque el nuevo gobierno, ya presentó públicamente su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Mismo que define varios ejes, pero culmina con una propuesta novedosa de creación de la Guardia Nacional (GN), con elementos castrenses, proyecto que es considerado más de lo mismo, por sus críticos, al definir a la GN, como responsable de atacar delitos graves y la inseguridad pública en los estados.

La Constitución Mexicana, establece que el uso del ejército, sólo es posible convocarlo para cuestiones de control de violencias específicas, de manera excepcional y no permanente.

El tema de la inseguridad pública, es nacional, pero en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se le considera un tema que pone en peligro la Seguridad Nacional. Y la responsabilidad de preservarla es del presidente de la República y del Ejército Mexicano, ante la incapacidad de las policías locales, que han sido rebasadas por el poder económico y corruptor de esos grupos.

No es gratuito, que en este periodo de transición política en el país, en el estado de Guerrero, se hayan dado dos eventos que buscan, provocar escenarios de enfrentamiento social, con el traslado de policías  llamados “comunitarios”, desde Teloloapan, Apaxtla, Cocula, entre otros municipios, hasta la zona de Chichihualco, municipio de Zumpango de Neri, en busca de confrontarse con grupos armados ligados al narcotráfico, así como el ataque a socorristas y personal de Seguridad Pública en el municipio de Taxco.

La intención fue perversa y buscó conformar, escenarios de confrontación mafiosa, disfrazada de confrontación social.

Está claro que la responsabilidad de enfrentar estos escenarios, es federal, pero como la Federación se encuentra en transición, se aprovechó el momento.

En momentos, como el actual, los mandos del ejército mexicano se concentran en las zonas militares y poco salen a cumplir tareas de Seguridad Interior, salvo emergencias bien determinadas.

La apuesta quizá, fue generar un caos social, que iniciara en Guerrero y se convirtiera en algo incontrolable.

Un presidente que se va y otro que llega, promueve situaciones de inestabilidad y debilidad, que podrían ser aprovechados por quienes se mueven como delincuencia organizada y quieren perpetuar sus controles y privilegios.

Los periodos de cambio de gobierno son muy largos y peligrosos. La Federación, tiene la obligación de observar que si Guerrero, pierde la batalla contra sus enemigos, el peligro de que la Seguridad Nacional se trastoque, es una posibilidad.

Atención sociedad mexicana.

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